El BNG ha pedido en el Congreso que se equipare el personal de ayuda en el hogar al sanitario para el caso de que se contagien de la covid-19 y que sea considerado un accidente laboral.

Los nacionalistas han pedido para ello que se modifique el Real Decreto 27/2020 para que se incluya a las trabajadoras y trabajadores de ayuda en el hogar. Son, ha argumentado el diputado Néstor Rego, «un grupo vulnerable, imprescindible y esencial» que «tiene que tener los mismos derechos que el personal de los centros sanitarios y sociosanitarios».

El BNG reclama una rectificación al Gobierno español y critica que «se vuelve a ignorar» a este colectivo, al que se «invisibiliza». Los profesionales de la ayuda en el hogar, ha destacado, trabajan con personas especialmente vulnerables que están en sus domicilios, en donde pueden recibir visitas de amigos y familiares, por lo que la protección es «fundamental» para evitar la expansión del virus.

Por otra parte, la portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, ha criticado que no haya en la Unión Europea un programa para garantizar la recogida y tratamiento de mascarillas y guantes de un solo uso para tratar de reducir el impacto sobre el medio ambiente.

«FALTA DE RESPONSABILIDAD»

La Comisión Europea lo reconoce en respuesta a una pregunta de Miranda, ha indicado este jueves el BNG, que considera que esta situación es «una terrible falta de responsabilidad», puesto que, en el mismo documento que dice que no prevé legislación en este sentido, indica que conoce los «efectos negativos de la pandemia y del uso cada vez mayor de equipos de protección médica de un solo uso».

Miranda ha manifestado que esta es «una reacción lenta y tardía de la Unión Europea, si es que en algún momento decide tomar iniciativas al respecto», y ha criticado los «retrasos» para activar el plan de reconstrucción.

Los desechos derivados de los sistemas de protección contra la covid-19, ha advertido, «siguen aumentando en los océanos», por lo que resulta «intolerable» que no se adopten medidas. Miranda sugiere modificar la directiva sobre la reducción del impacto de diversos productos de plástico en el entorno, aprobada en 2019, para que tenga en cuenta la nueva situación.