La Xunta ha remitido una advertencia a Alcoa en la que insta a la compañía a desistir del despido colectivo ante la oferta «sólida» de compra por parte de Liberty House, al tiempo que insiste en que incurrirá en un fraude de ley si actúa de «mala fe».

Así figura en el último aviso emitido por la jefa territorial en Lugo de la Consellería de Economía, Emprego e Industria, Pilar Fernández López, de cara a parar el proceso de consultas del ERE, que termina este martes.

En este sentido, el conselleiro de Economía, Francisco Conde, ha insistido este martes en esta idea en que Alcoa debe sentarse a negociar con Liberty House y abandonar su «cerrazón» de no atender esa oferta. «Si actúa de mala fe podemos estar ante un fraude de ley», ha dejado claro.

Conde remarca que esta es la «quinta advertencia» que se le remite a Alcoa, por lo que llama a la retirada del ERE ante la propuesta «concreta» que hay sobre la mesa de Alvance Aluminium Group, rama del alumnio de Liberty House Group –que a su vez forma parte del conglomerado GFG Alliance–.

«No nos podemos permitir que se paren las cubas y que una decisión errónea de Alcoa pueda truncar el futuro de 1.000 familias», avisa.

ADVERTENCIA

En el escrito de la Xefatura Territorial de Emprego se expone que las consultas del ERE deben contar con el tiempo suficiente para analizar la oferta de compra, porque si no «podría interpretarse como una falsa demostración de ánimo negociador, conduciendo a la invalidez de las consultas».

«Una eventual renuncia, expresa o tácita, a estudiar de forma efectiva la propuesta de compra de GFG Alliance antes de concluir las consultas y de proceder al despido colectivo puede constituir una actitud dolosa y quebrantadora de la buena fe contractual, comprometiendo la validez del despido», avisa.

En esta línea, la autoridad laboral hace hincapié en que «la ejecución de un despido colectivo con un fin distinto a la superación de las causas económicas y productivas alegadas, como podría ser evitar la presencia de un posible competidor industrial, supondría el uso de esta institución en fraude de ley».

Por todo ello, la autoridad laboral subraya que, «ante la más mínima sombra de mala fe, dolo o abuso de derecho», no dudará en «emprender todas las acciones legales que estime oportunas para salvaguardar el cumplimiento de la legalidad».

REQUERIMIENTO AL GOBIERNO

Por su parte, Conde también ha informado de que se ha enviado un requerimiento al Gobierno central para que atienda las necesidades de precio energético de Liberty House, quien ha explicado a la Xunta que «en el corto plazo no es viable» el plan industrial del Ejecutivo si no hay un precio competitivo. Aquí demanda compensaciones de CO2 y subastas de interrumpibilidad, entre otros.

De tal forma, emplaza a que el Ejecutivo central y Alcoa vuelvan a la senda del acuerdo, con una solución «concreta» para 1.000 familias que «en estos momentos dependen de una decisión política del Gobierno para establecer un precio competitivo y de un compromiso efectivo por parte de Alcoa para atender la oferta presentada por Liberty House».