La Fiscalía un total de 12 y 15 meses de cárcel para dos trabajadores de la planta de Alu Ibérica de A Coruña –antigua Alcoa– por la protesta celebrada en marzo de 2019 en defensa de la planta ante el Congreso de los Diputados.

De ello ha informado el presidente del comité de Empresa de Alu Ibérica, Juan Carlos López Corbacho, quien ha explicado que para él el ministerio público solicita 12 meses de cárcel por un delito de resistencia a la autoridad. Además, al otro trabajador le añade el de «atentado» por lo que eleva la petición a 15 meses.

Estas peticiones «ratifican», según ha indicado el secretario xeral de Federación de Industria de Comisiones Obreras, Víctor Ledo, la petición de la jueza de Instrucción 25 de Madrid y, por el momento, no hay fecha para el juicio oral.

«Los delincuentes dirigen las fábricas y a quiénes acusan es a los trabajadores», ha denunciado el representante de la plantilla, que califica de «inaudita» la situación. «Estábamos defendiendo nuestros puestos de trabajo» en una concentración, resalta, «que estaba legalmente organizada», apunta Corbacho.

Según los trabajadores, no «arremetieron» contra los agentes de la Policía y, al contrario, afirman que fueron «víctimas» de una carga «desproporcionada». «Fue una encerrona lo que nos hicieron allí», ha añadido López Corbacho, que considera que los atestados en los que se basa el informe de Fiscalía son «de dudosa redacción».

Por su parte, Ledo ha explicado que él mismo y otro empleado también están imputados pero sus casos están sobreseídos temporalmente por «contradicciones» en los cinco atestados que existen de los hechos y recordó que cuatro políticos fueron imputados inicialmente y después desimputados. «Los seis acudiremos de testigos al juicio», ha añadido.

ANIVERSARIO

López Corbacho ha recordado que este viernes se cumple un año de la venta de Alcoa al Grupo Parter y ha denunciado que los trabajadores se sienten «completamente engañados, estafados y abandonados», acusando al Ministerio de Industria de «desidia» frente a la situación. «Fue un acto público y la ministra estaba sentada en la mesa de negociación», ha manifestado.

El representante de los trabajadores considera que la operación fue «ilegal» y pide que se pongan en marcha «mecanismos» para investigarla. «Los únicos perjudicados somos los trabajadores», ha reprochado, acusando a los dirigentes de la empresa de «delincuentes». «La ficha policial y las acusaciones que pesan sobre algunos de ellos son públicas», ha apuntado.

En esa misma línea se ha expresado el secretario xeral de la Federación de Industria de CCOO, que ha afirmado que los responsables de la fábrica tienen «dudosa reputación». «Un año después de la venta la situación de Alu Ibérica es más dramática que nunca», ha añadido.