El Gobierno regulará los procedimientos y establecerá los requisitos para la concesión de la totalidad o de parte de la capacidad de evacuación de los nudos que dejan liberados las centrales térmicas de carbón que cierren, ponderando, además de las cuestiones técnicas y económicas, los potenciales beneficios medioambientales y sociales, según establece el Real Decreto-ley de medidas para impulsar las energías renovables y favorecer la reactivación económica, aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

Para poder diseñar y convocar estos procedimientos a la mayor brevedad, se habilita a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que solicite al operador del sistema el cálculo de la capacidad máxima disponible en cada uno de estos nudos.

La capacidad de acción de evacuación de los nudos que dejan liberados las centrales térmicas de carbón que cierren es un importante activo para la generación de empleo y nuevos proyectos industriales en las zonas de transición.

CREACIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSICIÓN JUSTA

Asimismo, para facilitar la gobernanza y correcta implementación de la Estrategia de Transición Justa del Gobierno de España, que permitirá el despliegue y financiación de proyectos que garanticen el empleo y la actividad económica en las zonas en transición energética, se ha creado el Instituto de Transición Justa, a partir del anterior Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y del Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.

En este Real Decreto-ley se define el objeto de este instituto: identificar y adoptar medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía más ecológica, baja en carbono, un tratamiento equitativo y solidario, minimizando los impactos negativos sobre el empleo y la despoblación de estos territorios.

AGILIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA DE LA NORMATIVA AMBIENTAL

Por otra parte, la normativa también modifica la Ley de Evaluación Ambiental para dotarla de mayor agilidad y seguridad jurídica, garantizando la protección del medio ambiente, facilitando la tramitación de proyectos que permitan la reactivación de la economíatras la crisis que ha provocado la pandemia del Covid-19.

En este sentido, se regula la prórroga de vigencia de las declaraciones de impacto, evitando así el vacío jurídico existente, se agiliza el procedimiento para la determinación del alcance del estudio de impacto ambiental y se completan determinados aspectos del procedimiento de evaluación ambiental simplificada.