La comunidad educativa de Galicia desconoce, de momento, el rumbo que tomará la administración para adaptar la organización del próximo curso, que estará marcado tanto por la adopción de medidas de seguridad y prevención, como por la preparación ante un hipotético retorno a la enseñanza a distancia en caso de rebrote de la COVID-19.

El Ministerio de Educación se reunió el jueves con los responsables del ramo de las diferentes comunidades para intentar consensuar un modelo para el retorno a las clases. Finalmente, se adoptó un acuerdo de 14 puntos y un compromiso para recuperar la presencialidad y atender la ‘brecha digital’, entre otras cuestiones, dejando al margen su propuesta de recomendaciones y medidas sanitarias difundida la jornada anterior.

La situación no gusta a las confederaciones de ANPA de centros públicos gallegos, tanto por la falta de planificación y de avances tras tres meses de pandemia, como por la politización a la que se ve sometida la cuestión educativa e incluso alguna de las medidas de seguridad, como la distancia interpersonal.

En declaraciones a Europa Press, Rogelio Carballo (Confapa-Galicia) ha advertido de que «no es justificable» que a estas alturas, «con una desescalada prácticamente total», no se disponga «todavía» de una planificación para que los alumnos puedan ir a clase, «de modo universal y presencial».

«Todos los agentes de la educación tenemos que hacer una reflexión sobre lo ocurrido estos tres meses», ha advertido, tras un proceso «tremendamente deficiente» de formación a distancia y de gestión política.

Carballo cree que la nueva normalidad tiene que venir acompañada de medidas para poder continuar el proceso educativo «de modo pleno» tras meses de estudio y control sobre la pandemia, tanto para vigilar el desarrollo de los grupos de alumnado como las actividades y las interacciones de los estudiantes.

INACCIÓN Y POLÍTICA

Anpas Galegas coincide con Confapa en criticar la inacción de las administraciones y, especialmente, la «extraña» actitud de la Consellería de Educación, que se ha pasado las últimas semanas jugando «a esperar» al Ministerio dirigido de Isabel Celaá.

«Llevamos dando vueltas sobre la misma perdiz desde que comenzamos con el estado de alarma», ha insistido Fernando Lacaci, quien ha censurado que se utilice la distancia de seguridad como «negociación política» y para intentar que la realidad «se sitúe» en los intereses de algunas formaciones.

En contraposición, Lacaci ha criticado que desde el Ministerio de Educación se formulen propuestas pensadas «para un estado de excepción» pero «que se van a aplicar en un estado de normalidad», mientras la Xunta se dedica «a no decir nada» a la espera de que «los astros se junten para darles la razón».

FALTA DE RECURSOS

Una de las propuestas planteadas inicialmente para el próximo curso, que finalmente quedó al margen del acuerdo de las comunidades, se refería a la reducción de grupos a un máximo de 20 alumnos por aula. La conselleira de Educación, Carmen Pomar, rechazó esta posibilidad y defendió «no fragmentar» ni «romper los grupos de referencia establecidos» en la actualidad.

Posteriormente confirmó este punto de vista en un encuentro con la Asociación de Directores de IES de Galicia. La Consellería se refirió a estas medidas como «sugestiones» de un documento elaborado por el Ministerio sin el consenso de las comunidades.

La mayoría de sindicatos de profesorado, sin embargo, discrepan sobre ello y defienden la reducción alumnos por aula y el refuerzo de plantillas de los centros cara al próximo curso.

La CIG ha censurado la falta de responsabilidad de la administración y ha advertido que estos postulados van «en contra de las recomendaciones de las instituciones internacionales», que sitúan la ratio elevada como «uno de los principales problemas de los sistemas educativos».

Suso Bermello, secretario nacional del sindicato, ha insistido en que no se puede pretender volver a «una normalidad como si no pasase nada», y ha criticado, a su vez, los 2.000 millones anunciados por el Estado para las comunidades, que «no son suficientes» para asumir este proceso.

ACUERDO DE PERSONAL

Luz López, secretaria xeral de CCOO-Ensino, ha defendido la necesidad de un acuerdo para «aumentar personal» y «atender esta nueva presencialidad» en los centros, que es «positiva» pero que «no puede ser a cualquier precio».

«Hay que aumentar trabajadores docentes y no docentes y promover la evaluación de puestos de trabajo y de riesgos, y a partir de ahí elaborar protocolos que ofrezcan garantías».

Toda esta planificación debe realizarse «con la antelación suficiente» para «dar tranquilidad a las familias», ha añadido López, pero también debe partir de un diálogo con las organizaciones sindicales.

PREPARAR LAS PLANTILLAS

Al respecto, Julio Díaz, de ANPE-Galicia, ha insistido en que se debería crear un grupo de trabajo «con todos los agentes implicados» para «agilizar el principio del curso». Asimismo, cree que la reducción de ratios es un reto que el Estado debe «afrontar cuanto antes», y que el tema sanitario «tiene que estar por encima» de todo lo demás.

El sindicalista ha recordado, además, la necesidad de preparar las infraestructuras y ampliar plantillas, la dotación de medios para evitar casos como el de marzo y el impulso de un plan específico de formación en nuevas tecnologías.

FeSP-UGT, por su parte, ha apelado a la dotación de las herramientas tecnológicas necesarias para paliar la brecha digital, tanto de profesorado como de alumnado, y ha pedido la «implicación» de las comunidades autónomas en la reducción de ratios, el incremento de personal y en las medidas de protección.