Médicos y personal de enfermería del área de A Coruña han mostrado su rechazo a la realización de la segunda oleada del estudio epidemiológico del Sergas sobre la circulación del coronavirus COVID-19 en Galicia porque no ven «motivo» en un momento en el que tienen que recuperar actividad asistencial por la pandemia.

«Si la utilidad epidemiológica es cuestionable, la utilidad clínica es nula. Nada va a aportar a nuestros pacientes la información que pueda obtenerse. Peor todavía, puede llevarnos a darles una información errónea», ha comunicado la Asamblea del Área Sanitaria de A Coruña ante el inicio del lunes 8 de junio de la segunda oleada.

Así, ha señalado el personal facultativo y de enfermería de la Asamblea del Área de A Coruña, en un comunicado, que ello les «coloca ante un problema de ética profesional» relativo a «colaborar en un proyecto que no» les parece «científicamente sólido y tener que tomar decisiones con datos que pueden no ser fiables».

Además, han apuntado que la dedicación del personal de enfermería a la realización de los test, de los que han dicho que «no está acreditada suficientemente la fiabilidad», supone «una inversión de tiempo y recursos en los centros de salud que detraen de otras actividades de mucho más valor clínico en este momento» como la realización de «pruebas complementarias y recaptación y control de pacientes crónicos que quedaron relegados durante la fase álgida de la pandemia».

«La escasez de recursos, ya existente antes del inicio de la pandemia, sigue estando tan vigente como antes, y la tan cacareada necesidad de reforzar la Atención Primaria va en sentido diametralmente opuesta, al cargarnos con tareas científicamente cuestionables», ha denunciado este personal sanitario.

De este modo, se suman a la oposición de la Asociación Galega de Medicina Familiar y Comunitaria (Agamfec) a continuar con este estudio epidemiológico. Por ello, la Asamblea del Área Sanitaria de A Coruña insta al Sergas «a no llevar a cabo este proyecto».

En caso de continuar, destacan que «debería de hacerse con personal específico» de los servicios de Medicina Preventiva o Salud Pública, «como se ha hecho con el estudio promovido por el Gobierno central», ha sentenciado.