El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, ha comprometido la puesta en marcha de una Consellería de Igualdade con «amplias competencias» que permita garantizar la salida de la crisis «respaldando a las mujeres».

Caballero ha hecho este anuncio en un comunicado tras mantener este miércoles en un encuentro con la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, a la que ha presentado como «referente de las políticas de igualdad y de la defensa de las gallegas ante situaciones de crisis».

Para el secretario xeral del PSdeG las políticas progresistas son «más importantes que nunca» en momentos de crisis, y ha señalado la «falta de medidas de conciliación importantes» desde el Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo.

Gonzalo Caballero ha dicho que Feijóo «fracasó» en la gestión de estas políticas, porque «no toma decisiones importantes sobre escuelas infantiles, residencias de mayores o centros escolares», así como en «tantos ámbitos de conciliación en los que las mujeres tienen un peso mayoritario».

El candidato socialista cree que la ciudadanía de Galicia el próximo día 12 de julio se juega «el futuro entre dos grandes opciones: los recortes, el retroceso y la inacción de la derecha de Feijóo frente a un bloque progresista encabezado por el PSdeG con una apuesta clara por la política social, la defensa de la sanidad pública y la reconstrucción económica sin que nadie quede atrás».

El líder de los socialistas gallegos ha apostado por un «gran pacto de reconstrucción» del que participen las fuerzas políticas, los agentes sociales y las administraciones territoriales como son los ayuntamientos y las diputaciones.

En este sentido, ha citado a la presidenta de la Diputación de Pontevedra como un «ejemplo de cómo gobernar en tiempos de crisis para defender los intereses de la ciudadanía».

Por su parte, Carmela Silva ha reivindicado el papel de los entes locales a la hora de poner encima de la mesa «los recursos que de verdad llegan a la gente», y ha destacado que, «frente a la ausencia de la administración autonómica, fueron las diputaciones y los ayuntamientos los que atendieron a la ciudadanía con problemas de alimentación, higiene o educativos».

Por último, la presidenta provincial ha reclamado un fondo dotado de 300 millones de euros que permita a las entidades locales seguir cubriendo las necesidades de la ciudadanía cuando finalice el estado de alarma.