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La Eurocámara aprueba normas que prohíben la cancelaciones de última hora de contratos en la cadena alimentaria

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El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes la nueva normativa que prohíbe algunas prácticas desleales en la cadena alimentaria, como las cancelaciones en contratos de última hora, los retrasos en los pagos de productos perecederos o los cambios unilaterales o retroactivos de los contratos.

Las nuevas normas también prohíben aquellas situaciones en la que se fuerza al proveedor a pagar compensaciones en caso de deterioro o pérdida de los productos una vez entregados, a menos que el deterioro se deba a una negligencia del agricultor o en caso de queja de los consumidores.

En total, las nuevas reglas europeas ponen fin a 16 prácticas comerciales desleales en el bloque comunitario, mientras que otro grupo de ellas sólo se podrán ejecutar si se acuerdan de forma «clara e inequívoca» entre las partes involucradas.

Dentro de este segundo grupo se encuentran las devoluciones de artículos no vendidos sin pagarlos, la obligación de que el comprador pague al proveedor para asegurar o mantener un acuerdo de suministro o los pagos por parte de proveedor al comprador a cambio de campañas de publicidad y promoción.

Este nuevo marco se aplicará a todos los actores de la cadena alimentaria con unos ingresos de al menos 350 millones de ingresos, aunque se imponen diferentes niveles de protección por debajo de ese umbral. En cualquier caso, las nuevas normas cubren a vendedores minoristas, procesadores de alimentos, vendedores mayoristas, cooperativas y organizaciones de productores e incluso a productores individuales.

Sin embargo, la directiva permite a los Estados miembros introducir un mayor enfoque por encima del umbral de 350 millones de euros de ingresos en su legislación nacional o adoptar medidas adicionales si lo desean.

Por otro lado, los socios comunitarios tendrán que crear o designar autoridades nacionales que estarán encargadas de hacer cumplir estas reglas. Estos organismos tendrán que tener la capacidad de imponer sanciones e iniciar investigaciones a raíz de denuncias. La confidencialidad de los denunciantes debe ser garantizada para evitar que se adopten medidas de contrapartida.

La Eurocámara ha respaldado con 589 votos a favor, 72 en contra y 9 abstenciones el acuerdo preliminar alcanzado en diciembre con los Estados miembros, que ahora deben dar su visto bueno a las normas. Una vez completado este proceso, las capitales tendrán que trasladar sus disposiciones a la legislación nacional 24 meses después de que entre en vigor.

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