El centro penitenciario de Bonxe, en Lugo, ha registrado el primer caso positivo de coronavirus de las prisiones gallegas, que afecta a uno de sus trabajadores.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias este sábado, que tras conocer el diagnóstico activaron los protocolos de actuación pertinentes.

De esta manera, esta persona es la primera trabajadora de un centro penitenciario que resulta infectada por coronavirus de toda Galicia. Por ello, tanto el resto de sus compañeros como los internos que pudieron estar en contacto con él siguen los protocolos de prevención establecidos a nivel nacional.

Ante la confirmación de este caso, desde la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) se ha denunciado el «abandono» que sufren los trabajadores que desempeñan un «servicio esencial».

Fuentes de Acaip han explicado a Europa Press que a pesar desarrollar esta labor «imprescindible», los empleados de prisiones se ven «abandonados a su suerte» ante una situación de emergencia sanitaria como la actual.

Denuncian que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias haya trasladado una orden a las subdelegaciones del Gobierno para realizar pruebas de diagnóstico a los trabajadores en menos de 24 horas, pero que en provincias como Pontevedra aún no se tengan noticias de cuándo y cómo se realizarán esas PCR.

Según han precisado las mismas fuentes, la orden fue trasladada el jueves, pero a día de hoy los trabajadores siguen esperando instrucciones para someterse a pruebas de detección y así poder prevenir contagios tanto entre trabajadores como a los propios internos.

«Los centros penitenciarios son lugares con plantillas escasas, sitios cerrados donde muchos de los internos son mayores», por lo que «es muy importante» que el virus no llegue a expandirse en estos lugares.

Entienden que hay «otros servicios esenciales que también necesitan realizar estas pruebas», pero los plazos que se están llevando a cabo en Galicia «no son asumibles». Reclaman, así, una orden por parte de las subdelegaciones de gobierno para evitar más casos como el de Bonxe.