La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, juzga el próximo viernes a dos ciudadanos de origen rumano acusados de trata de seres humanos, por traer engañados a España a varios compatriotas a los que, después, retenían y obligaban a ejercer la mendicidad con amenazas y agresiones.
En concreto, según indica el escrito de acusación de Fiscalía, los dos hombres captaron en Rumanía a distintas personas desde febrero de 2014 y hasta mayo de 2015, a los que trasladaron en autobús a Galicia bajo la promesa de ofrecerles un trabajo.
Sin embargo, una vez en Santiago de Compostela, eran obligados a mendigar en las calles de Noia, Lalín, Vilagarcía, Braga (Portugal) y la propia capital gallega, bajo amenazas. Así, el fiscal explica que los acusados les decían que «les iban a matar arrodillados» y les advertían de que tenían pendientes «cosas más gordas con la justicia».
Los acusados se quedaban, además, con todo el dinero que conseguían y los hacían vivir «hacinados» en una vivienda de Santiago, desde la que ellos mismos los desplazaban al lugar en el que debían ejercer la mendicidad.
AMENAZADOS Y GOLPEADOS
El Ministerio Público recoge el caso concreto de una víctima, testigo protegido, que fue traído a España con la promesa de conseguir trabajo como jornalero en la recogida de cítricos. Sin embargo, una vez en Galicia, uno de los acusados «le obligó a mendigar de rodillas, llegando incluso a ser amenazado y golpeado».
En una ocasión en la que logró escaparse, la víctima estuvo tres días viviendo en la calle, donde fue localizado por conocidos del acusado, que le trasladaron que, si no regresaba, «le darían una paliza».
Del mismo modo, el escrito de acusación habla de otra víctima que llegó a Galicia bajo la promesa de un empleo en el sector de la limpieza, pero que también fue obligada a mendigar. Uno de los acusados, recoge el fiscal, le dijo «con ánimo claramente intimidatorio, que, si no conseguía dinero, le llevarían a un monte y le dejarían allí para que se lo comiesen las fieras».
«Igualmente, el acusado le golpeaba y le escupía si no conseguía suficiente dinero y le desnudaba y registraba para comprobar que no escondía las ganancias obtenidas».
El Ministerio Público considera estos hechos constitutivos de un delito de trata de seres humanos, por lo que pide para cada uno de los dos acusados una pena de siete años y seis meses de prisión, así como que no puedan acercarse a sus víctimas por un periodo de siete años y una indemnización de 3.000 euros para cada uno.