La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, juzgará el próximo miércoles y jueves a un joven acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa al apuñalar a otro a las puertas de una discoteca de la capital gallega. La Fiscalía pide para él nueve años de prisión y el pago de 45.437,518 euros en concepto de responsabilidad civil.

Los hechos ocurrieron el 8 de enero de 2023 alrededor de las 05.00 horas, cuando el encausado salió de la discoteca y se percató de que, en una pelea que estaba teniendo lugar, estaba implicado algún conocido suyo.

Según el escrito fiscal, corrió hacia una tubería de desagüe de un inmueble próximo donde él mismo –u otra persona «a su ruego o con su conocimiento», puntualiza el ministerio público– había escondido un puñal. El acusado lo cogió y se dirigió hacia el lugar donde se estaba desarrollando la pelea.

A continuación, relata la Fiscalía, se dirigió hacia un joven menor de edad, de 17 años, y lo apuñaló en la parte posterior del costado izquierdo, con afectación torácoabdominal. Seguidamente, abandonó el lugar, aunque fue localizado y detenido poco tiempo después por agentes de la Policía Nacional.

El agredido sufrió una herida por arma blanca en la región posterior del costado izquierdo, que implicó la afectación de órganos vitales y riesgo de complicaciones médicos. Terminó invirtiendo 77 días en su curación total, tiempo en el que necesitó una intervención quirúrgica y el seguimiento posterior de especialistas.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela acordó, a los dos días de lo sucedido, la prisión provisional comunicada y sin fianza. Esta situación se mantuvo hasta que, ese mismo órgano judicial, acordó en abril de 2023 la libertad provisional del investigado.

En base a los hechos descritos, la Fiscalía pide para él nueve años de prisión e imponer la prohibición de aproximarse al perjudicado, a su domicilio o lugar de trabajo, aunque él no se encuentre en los mismos, y a cualquier otro lugar que frecuente a una distancia inferior a 500 metros. Demanda también la prohibición de comunicarse con él durante un período de diez años.

Además, el ministerio público solicita el abono de 45.437,518 euros, de los cuales más de 6.700 irán dirigidos a pagar al Servizo Galego de Saúde (Sergas) por la atención prestada al joven.