El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Limpieza de A Coruña exigía pagos para entrar en la plantilla que presta este servicio en la ciudad herculina, según la investigación de la Policía Nacional, que detuvo a cuatro personas.
Tras su pase a disposición judicial, han quedado este viernes en libertad aunque se les investiga por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y estafa.
De la investigación policial, se desprende que el secretario general, Miguel Ángel Sánchez, con la cooperación necesaria de personas cercanas a él, se habría aprovechado de su posición como fuerza sindical en las empresas adjudicatarias de determinados servicios públicos en la ciudad de A Coruña, para lograr «beneficios económicos personales e indebidos».
Así lo informa la Policía Nacional que señala que, través de varias empresas administradas en la sombra por esta persona, constando al frente como testaferro una cooperadora suya, se habrían estado percibiendo unos beneficios, tan solo en el año 2021, de más de 250.000 euros.
ENTRAMADO
El sistema de funcionamiento de la red sería, añade, «que las empresas adjudicatarias habrían cedido gran parte de la selección del personal contratado a los detenidos, lo que fue aprovechado por los mismos para tejer una red constituida por familiares, allegados, amigos y terceras personas».
«Estos exigirían pagos mensuales a todas aquellas personas que quisiesen trabajar para las empresas adjudicatarias de los servicios como requisito obligatorio para poder entrar a trabajar en ellas, a modo de ‘mordida'».
«Si no se accedía a dichos pagos, nunca se podía entrar en la plantilla». «Del mismo modo, si se dejaba de pagar, los trabajadores eran despedidos bajo cualquier pretexto, como así se desprende de las pruebas testificales practicadas», apunta también.
ALTO NIVEL DE VIDA
Por otra parte, indica que «gracias a estos ingresos, los detenidos gozaban de un alto nivel de vida, con automóviles y viviendas de gran valor económico, manejando gran cantidad de dinero en efectivo».
La Policía ha bloqueado preventivamente varias propiedades inmobiliarias, entre las que se encuentran siete fincas urbanas y dos fincas rústicas valoradas en más de medio millón de euros, así como activos en cuentas bancarias por un valor muy elevado.
Fueron intervenidos también: 45.000 euros en efectivo, seis vehículos de alta gama, teléfonos móviles y material informático, así como dos armas detonadores con 90 cartuchos y una imitación de placa emblema de policía.
