El juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga el naufragio del pesquero gallego ‘Villa de Pitanxo’ ha acordado que se realice un informe pericial con el objetivo de saber si se puede acceder al pecio, es decir, a los restos en el fondo del mar de la embarcación hundida el pasado 15 de febrero en aguas de Terranova (Canadá) en un accidente marítimo que se saldó con la muerte de 21 marineros.

En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, Ismael Moreno acepta lo interesado por la Fiscalía y ordena esta diligencia para «determinar la causa del siniestro y la multiplicidad de datos técnicos acerca de posición y derrota del buque y su cronología».

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 quiere saber «si es posible acceder al pecio», su «utilidad y necesidad» y si ello sería eficaz para comprobar «los extremos referidos en las distintas versiones de los hechos» por los supervivientes.

Así, el juez se refiere a otro de los puntos sobre los que pide opinión a los peritos: «Si con los datos» actuales «se puede descartar o no alguna de las versiones» dadas por los supervivientes en cuanto a «la forma en la que se desarrollaron los hechos y, por tanto, la causa probable del accidente, así como sobre la corrección de las decisiones adoptadas por el capitán», el único imputado.

En un auto del mes de abril, la AN puso en «duda» la versión del patrón del barco, Juan Padín, que declaró que los componentes de la tripulación se pusieron los equipos de salvamento, mientras que Samuel Kwesi, uno de los tres supervivientes –junto a Eduardo Rial, el sobrino del capitán– aseguró que no. «Este hecho queda corroborado con la realidad de que ni el citado marinero ni ninguno de los cadáveres recuperados tenía el equipamiento de seguridad puesto», destacó la Audiencia al devolver la investigación a Galicia.

El magistrado, además, acuerda preguntar a la ‘Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos’ del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que le comunique si su personal está capacitado para elaborar dicho informe pericial o que, si considera que no lo está, le indique qué organismo o departamento de la Administración sería el «idóneo» para poder llevarlo a cabo.

Familiares de las 21 víctimas del pesquero se reunieron a finales de julio en Madrid con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para urgir al Gobierno a bajar al pecio para recabar pruebas y concluir las causas del siniestro, pero al término del encuentro lamentaron que el Ejecutivo no había «madurado» aún esa decisión.

RESUELTA LA CUESTIÓN DE COMPETENCIA

A principios de septiembre, Moreno acordó finalmente asumir la competencia del tribunal para investigar el hundimiento tras rechazar la propuesta de inhibición interesada por la Fiscalía y por la representación de Pesqueras Nores Marín SA y de Juan Enrique Marín.

En un primer momento, el Ministerio Público apuntó que la competencia sería de los Juzgados de Instrucción de Marín, la ciudad donde se encuentra el puerto base del barco naufragado. Así lo plasmó la Fiscalía en el informe que remitió el pasado mes de marzo al juez instructor, en el que ya avisaba de que la Audiencia Nacional, bajo su punto de vista, no era competente para ahondar en los hechos.

A raíz de ese informe, Moreno acordó el 4 de abril inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción de Marín. No obstante, dicho juzgado pontevedrés rechazó la inhibición al entender que los supuestos delitos que se investigan fueron cometidos en aguas internacionales.

Posteriormente, la Fiscalía emitió un segundo informe sosteniendo que la competencia para indagar en los hechos era de los juzgados de Vigo por ser el puerto de la ciudad desde el que partió el barco el pasado 26 de enero. Finalmente, el juez rechazó este extremo.

La portavoz de las familias de las víctimas, María José de Pazo, valoró que la Audiencia Nacional sea competente para instruir la causa al manifestar que los familiares estaban «muy contentos» de noticia, ya que van «camino de siete meses» del siniestro.

En la AN se investiga si hubo «al menos 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores».