Agentes de la Policía Autonómica han localizado un nuevo depósito clandestino de coches en desuso en la localidad coruñesa de Carballo, donde a comienzos del mes de abril fueron descubiertas tres parcelas con más de un millar de vehículos fuera de uso.

Según ha trasladado la Administración gallega, se trata de una parcela y una nave industrial en la que se almacenan «un elevado número» de vehículos en desguace.

El hallazgo fue fruto de la investigación llevada a cabo por la Policia Autonómica en colaboración con el Servicio de Intervención Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda.

El responsable de la nave y la parcela carece de los permisos necesarios, tanto de industria como los habilitantes para dar de bajo los vehículos fuera de uso. Además, tampoco cuenta con licencia municipal de actividad.

Los agentes comprobaron que ninguno de los vehículos almacenados estaba descontaminado, «lo que supone un grave riesgo para el medio ambiente por la falta de control sobre los residuos peligrosos» como aceites y baterías, remarca la Xunta.

Asimismo, fueron localizados «numerosos» derrames de residuos peligrosos en el terreno donde se almacenaban los vehículos, un área que estaba sin pavimentar.

Por este motivo, técnicos de la Administración gallega han realizado catas para conocer el alcance de contaminación que, en caso de confirmarse, podría suponer un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

El suelo de la finca donde se practicaba el desguace de los vehículos, cercada con muros altos y vegetación que impedía la visibilidad desde el exterior, tiene la calificación de suelo rústico de protección de las aguas.

La empresa almacenaba los vehículos sin darlos de baja directamente y los desguazaba para vender posteriormente las piezas de valor. Así lo determinan los agentes de la Policía Autonómica, que añaden que el negocio ilegal contaba con la colaboración de un depósito legal para poder realizar la baja de los vehículos ante Tráfico.

El responsable, que ha sido denunciado por una infracción de residuos y suelos contaminados que puede acarrear sanciones de hasta 1,75 millones de euros, reconoció a los agentes que cuando un vehículo entraba en sus instalaciones procedía a retirarle las piezas para una posterior venta tanto de manera presencial cómo a través de internet.