La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a al menos 20 personas en el marco de un nuevo operativo contra el narcotráfico en la provincia de Pontevedra, que se mantiene abierto, relacionado con una operación anterior en el que ha sido desarticulado un grupo criminal dedicado a la fabricación de narcolanchas en Galicia.

Según han informado a Europa Press fuentes próximas a la investigación, hasta el momento han sido arrestadas unas 20 personas y se han practicado registros. El operativo se desarrolla en las localidades pontevedresas de Ponteareas, Barro, A Lama, Cambados, O Grove, A Illa, Caldas de Reis y Moaña.

Asimismo, además de registros en la provincia de Pontevedra se han llevado a cabo otros en naves en Portugal, para lo que se ha contado con la colaboración de la Policía Judiciaria lusa.

La operación llevada a cabo en la provincia de Pontevedra tiene ramificaciones en Portugal y está relacionada con la anterior centrada en la fabricación de embarcaciones para trasladar a tierra droga.

En este nuevo operativo trabajan la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) del Cuerpo Nacional de Policía y Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil. La operación la coordina el Juzgado de Instrucción Número 3 de Cambados.

OTROS 22 DETENIDOS

En la operación anterior relacionada con esta la organización criminal desarticulada en Pontevedra dedicada a la fabricación de embarcaciones de alta velocidad empleadas para el narcotráfico contaba con infraestructura en otras cuatro provincias –A Coruña, Salamanca, Madrid y Barcelona–, así como en Portugal.

Agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han cooperado para desmantelar esta organización criminal con base en la provincia de Pontevedra que estaba especializada en fabricar embarcaciones de alta velocidad para ser utilizadas en el narcotráfico.

Dentro de la operación conjunta ‘Munari-Cundinamarca-Tulipán’, los agentes detuvieron a 22 personas y realizaron 27 registros en domicilios y lugares de seguridad de los investigados.

En los registros fueron intervenidas más de 20 embarcaciones de alta velocidad, en diversos estados de finalización: seis de ellas estaban en disposición de ser botadas de manera inminente. La organización, han destacado las fuerzas de seguridad, «tenía personal con una alta especialización a la hora de fabricar y custodiar las embarcaciones», consideradas de «género prohibido» y que después eran empleadas para transportar, vía marítima, grandes cantidades de droga, en especial en la zona sur de España.

Asentada en la provincia de Pontevedra, la organización contaba con infraestructuras en otras provincias del país, como A Coruña, Salamanca, Madrid y Barcelona, donde también se efectuaron registros, además de en Portugal, en los municipios de Viana do Castelo y Valenca do Miño, donde participó la Policía Judiciaria portuguesa.

Era en diferentes ubicaciones de la provincia de Pontevedra donde fabricaban las embarcaciones, mientras que en Portugal finiquitaban los últimos detalles. Puestas a punto con los equipos necesarios para poder navegar, los miembros de esta organización las sacaban al mar en distintos puntos del país.

Desarrollada por el EDOA de Pontevedra, ECO Galicia, Greco Galicia y el Servicio de Vigilancia Aduanera en Galicia de la Agencia Tributaria, la operación fue dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cambados (Pontevedra) y por el fiscal especial delegado antidroga de la provincia de Pontevedra. Además, contó con la participación de Eurojust.

De la veintena de detenidos, 12 pasaron el pasado día 8 de abril a disposición judicial en Cambados, tras lo que la jueza instructora decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza, de ocho. Para los cuatro restantes, determinó su puesta en libertad y les ha impuesto como medidas la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer en el juzgado cuando sean llamados.

Todos ellos están investigados por un delito continuado de contrabando, un delito de pertenencia a organización criminal y un delito contra la salud pública, según confirmó el juzgado.