La Guardia Civil ha investigado penalmente a los responsables de dos empresas de A Estrada y Pontevedra por infringir las normativas sobre residuos y sobre la seguridad en los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

Así lo ha informado el Instituto Armado en un comunicado, en el que explica que con motivo de las investigaciones realizadas en el marco de la ‘Operación Cristolito 2’, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Pontevedra detectó «una serie de irregularidades» en estas dos empresas que manipulaban amianto «sin la preceptiva inscripción en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA)» y, añade, «sin el correspondiente plan de trabajo previo donde se deberían reflejar las medidas mínimas de seguridad y salud para la protección de los trabajadores contra los riesgos derivados de la exposición al amianto».

«El amianto mezclado con fibrocemento se utiliza para construir las conocidas placas de uralita», explica la Benemérita, que señala que «el riesgo en la manipulación de este material surge cuando se pretende desmantelar una construcción, ya que las fibras que se encuentran dentro de la uralita al cortarlas, trocearlas o manipularlas se desprenden y al inhalarse pueden provocar enfermedades graves relacionadas con el aparato respiratorio».

Según la normativa vigente, la retirada de las citadas placas de fibrocemento debe realizarse por empresas autorizadas (inscritas en el RERA Registro de Empresas con Riesgo de Amianto), «cumpliendo los requisitos marcados en la legislación vigente, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición de amianto», subraya la Benemérita.

Una de las dos empresas que han sido inspeccionadas por el Seprona está ubicada en el municipio de A Estrada y se dedica especialmente a la sustitución de tejados.

La otra, cuya actividad general es la fontanería, realizaba sustituciones de tuberías de fibrocemento y se encuentra emplazada en el municipio de Pontevedra.

REQUISITOS MÍNIMOS

Según pudo comprobar el Instituto Armado, ambas empresas realizaban trabajos de retirada de amianto «sin cumplir los requisitos mínimos exigidos por las normas de prevención de riesgos laborales». Y, puntualizan las mismas fuentes, «mientras una de ellas eliminaba los residuos de amianto vertiendo los mismos en un terreno rústico de protección especial, la otra los trituraba y mezclaba con residuos de la construcción para su posterior gestión como residuos inertes».

Como consecuencia de estas supuestas irregularidades, el Seprona ha investigado penalmente a los responsables de ambas empresas por un supuesto delito contra el derecho de los trabajadores, castigado con penas de prisión de seis meses a tres años.

Por su parte, al gerente de la empresa ubicada en A Estrada se le notificó también la condición de investigado por un supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, castigado con penas de seis meses a dos años.

Las diligencias instruidas se han entregado en los juzgados de guardia de A Estrada y Pontevedra, donde deberán comparecer los investigados cuando sean requeridos por la autoridad judicial.