Un vecino del municipio de Baiona de 50 años ha sido investigado por el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Pontevedra, por facilitar datos falsos del conductor de su vehículo para eludir el pago de varias multas por valor de 1.900 euros. Su esposa también ha sido investigada penalmente como «colaboradora necesaria» para la comisión del mismo delito.

Así lo ha informado el Instituto Armado, que ha relatado que a raíz de las investigaciones realizadas la semana pasada por el Grupo de Investigación y Análisis de la Agrupación de Tráfico (GIAT) se pudo averiguar que este vecino de Baiona había facilitado, hasta en siete ocasiones, la identidad de otras personas con motivo de varias infracciones administrativas relacionadas con la seguridad vial, que supuestamente se habían cometido con un vehículo de su propiedad.

El montante de las sanciones a las que debería hacer frente asciende a 1.900 euros, además de la pérdida de 15 puntos del permiso de conducción, han destacado las mismas fuentes.

Según las averiguaciones realizadas, esta persona pudo haber facilitado hasta en siete ocasiones los datos de otras persona cuando la Jefatura Provincial de Tráfico le requirió la identificación del conductor, con motivo de infracciones supuestamente cometidas con el vehículo de su propiedad, que no fueron notificadas en el momento de su comisión.

ALEGACIONES

En todos los casos facilitaba la identidad de otra persona, pero haciendo constar su propio domicilio, de tal forma que los expedientes tramitados por la Jefatura de Tráfico llegaban a su domicilio y eran recogidos por su esposa en lugar de devolverlos, para después realizar alegaciones hasta que se ultimaba el procedimiento con la resolución sancionadora correspondiente.

«La colaboración de su esposa determinó que también fuese notificada como investigada por su grado de participación en el mismo tipo delictivo», ha resaltado la Benemérita, que la señala como «colaboradora necesaria».

Las diligencias instruidas han sido entregadas al juzgado de Instrucción de guardia de Vigo, donde deberán comparecer los investigados cuando sean requeridos.