El grupo encabezado por Marino G.J. (hermano del conocido como ‘rey de los gitanos de Galicia’, Sinaí Giménez), acusado del intento de robo de cocaína a unos contactos arousanos, ha admitido los hechos este lunes ante el tribunal y todos han declarado que estaban concertados para comprar medio kilo de cocaína, que pretendían llevarse sin pagar simulando un control policial, con ayuda de otro de los acusados, un guardia civil. Precisamente, este procesado ha sido el único que ha negado su implicación, y no ha reconocido los hechos que se le atribuyen.

Así, la mayoría de los procesados han acordado, en el juicio que se ha iniciado este lunes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra (con sede en Vigo), reconocer su culpabilidad a cambio de una rebaja en la pena solicitada por la Fiscalía, y sus declaraciones han sido muy escuetas. Tanto Marino G.J., como Alfredo I.G., Alfonso P.C. y Modesto D.A. han admitido las acusaciones del ministerio público.

Según han declarado, Marino, Alfredo y Alfonso estaban concertados junto con otro acusado, Marcos G.B. (que no se presentó al juicio y fue declarado ‘en rebeldía’), y con el guardia civil Enrique P.M., para citarse con Modesto D.A. y comprarle la droga. El plan previsto era que, en el traslado para concretar el pago y llevar la cocaína, simularían un control de la Guardia Civil en una gasolinera de Mos (Pontevedra), para quedarse con la droga sin pagarla. Dicho plan se frustró porque la Policía Nacional los estaba investigando y fueron interceptados y detenidos en la gasolinera.

El único que ha negado los hechos ha sido el agente de la Benemérita acusado, Enrique P.M., quien ha declarado ante el tribunal que, si bien conocía a Marino y quedaban «a veces», porque él le daba «información» que le ayudaba en su trabajo como guardia civil, ha negado que se hubiera concertado con él o con el resto de acusados para simular un control y facilitar la sustracción de la droga.

En la vista celebrada este lunes, la Fiscalía solicitó modificar su escrito de acusación para reclamar, además de la pena de prisión, una condena de 15 años de inhabilitación para el agente del Instituto Armado.

Aunque el juicio seguirá este martes, todo hace prever que se modificará la petición de penas para aquellos acusados que han admitido los hechos. Inicialmente, el ministerio público pedía para Marino G.J. penas que sumaban 12 años de cárcel y para los otros acusados, penas de entre 6 y 9,5 años de prisión.

CONDENA ANULADA Y REPETICIÓN DEL JUICIO

Estos hechos, que ocurrieron a principios del año 2014, ya fueron juzgados por la Audiencia de Pontevedra en 2017, y el tribunal condenó a siete acusados a penas de entre 7,5 y 4 años de cárcel. Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló dichas condenas (y absolvió a uno de los procesados, Benito O.O.) y ordenó repetir el juicio, por considerar que se había vulnerado el principio de imparcialidad del tribunal, ya que algunos magistrados tuvieron participación en la resolución de recursos en la fase de instrucción.

La nueva vista se fijó para diciembre de 2019, pero el juicio quedó suspendido por la incomparecencia de uno de los letrados, que había tenido un accidente de tráfico; el juicio se trasladó a marzo de 2020, y de nuevo fue suspendido, en esa ocasión porque Marino G.J. cambió de abogado; posteriormente, fue señalado para junio, pero la pandemia de COVID obligó a un nuevo cambio de fecha.

Finalmente, la vista ha empezado a celebrarse este lunes, aunque con un tono muy diferente al juicio anterior, en el que los acusados negaron los delitos.