Agentes de la Guardia Civil han confirmado que la víctima del crimen de Cabana de Bergantiños (A Coruña), muerta –según las acusaciones y admitido por el acusado en su declaración– tras los disparos efectuados por su marido en agosto de 2018, no pudo defenderse.

Así lo han manifestado en una nueva sesión del juicio que se celebra, con jurado, en la Audiencia Provincial de A Coruña, donde continuará este jueves y también la próxima semana.

Uno de los agentes encargados de la investigación ha descartado, además, que el hombre estuviese bajo los efectos del alcohol, pese a que el hombre aseguró, en su declaración, que había consumido vino y crema de orujo horas antes de los hechos, ocurridos en el domicilio familiar, donde también se encontraban los dos hijos, ambos mayores de edad.

«Posiblemente le sujetó el cabello», ha dicho también en base a las pruebas practicadas en el marco de la investigación y tras el crimen. Además, confirmó la existencia de tres disparos, uno de ellos, según ha explicado, con el arma sobre el cuerpo y otro «a una distancia de doce centímetros».

DISPAROS POR LA ESPALDA

Como otros agentes, este guardia civil que participó en la investigación expuso que la víctima, casada con el acusado desde hacía 30 años y del que tenía intención de divociarse –una decisión que no era asumida por su marido, según las acusaciones y lo relatado por su hija–, recibió «los disparos por la espalda y no pudo defenderse».

«No se observa señal de lucha», ha dicho otra de las agentes que participó en la investigación. «No», ha contestado tajante otro de los guardias civiles que intervino en la inspección ocular al ser preguntado si había señales de lucha en la vivienda. Este agente y otro compañero han ratificado el número de disparos y el hecho de que, por lo que comprobaron en la escena del crimen, el acusado habría agarrado a la víctima por el pelo antes de dispararle.

Por estos hechos, la Fiscalía y la letrada de la Xunta, que ejerce la acusación popular, piden una pena de 25 años y seis meses de prisión, 23 por un delito de asesinato y dos años y seis meses por otro de tenencia ilícita de armas.

La acusación particular, ejercida por los hijos y la madre de la víctima, piden 28 años de cárcel por ambos delitos, mientras que la defensa entiende que son constitutivos de un delito de homicidio y que su cliente actuó en un «arrebato» tras enterarse que la víctima –que, según el testimonio de los hijos, era «ninguneada» y «menospreciada» por su marido– mantenía una relación con otra persona.