Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría Provincial de Lugo, con funciones de investigación en asuntos de delitos contra las personas, han detenido por estafa a dos mujeres de 38 y 48 años de edad, vecinas de la ciudad, la mayor con antecedentes por hechos similares.

Según ha informado la Policía Nacional, se les atribuyen estafas que «pueden alcanzar los 30.000 euros» y los hechos «se ramifican por todo el Estado» y por parte de la Comisaría de Lugo se han notificado a Cantabria y Valencia.

Los hechos se desarrollaron en los últimos meses, «con un modus operandi muy particular, donde una persona, en este caso la mayor de las detenidas, busca personas consideradas socialmente vulnerables, ya sea por estar en precariedad económica, o bien por padecer algún tipo de trastorno cognitivo, y mediante subterfugios convencerlas para que la acompañen a un determinado comercio», relatan las mismas fuentes policiales.

«Estos establecimientos normalmente son de telefonía móvil, pero también se ha detectado esta actividad en locales de electrodomésticos e incluso en mueblerías», ha destacado la Policía Nacional.

El modo de actuar en este caso se circunscribe, indica la Policía, a las personas utilizadas como testaferros, que «acompañan a esta mujer a una tienda de telefonía móvil de un centro comercial de la ciudad, donde, a cambio de una cantidad económica, que en este caso eran 50 euros por teléfono móvil comprado, tienen que presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y firmar un contrato de compraventa de uno o varios terminales móviles.

«Aquí es donde entra en connivencia la persona que los vende, en este caso la otra detenida, ya que no pone ningún inconveniente en la operación, y como no se requiere un certificado bancario de la cuenta donde domiciliar la financiación, se realiza la operación», explica la Policía.

La persona que se lleva los móviles de alta gama los vende a posteriori «con unos beneficios muy altos», subrayan las mismas fuentes. Y la persona que firma la financiación se encuentra que, por parte de la compañía, se le reclama la deuda contraída en el contrato.

De todo ello se ha informado a la autoridad judicial después de tomar declaración a las detenidas en dependencias policiales. Las investigaciones siguen abiertas.