Los profesores que pertenezcan a grupos de riesgo por la COVID-19 y que cuentan a su cargo con hijos menores de 12 años o dependientes no estarán obligados a acudir a los centros el próximo lunes.

La Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ha acordado con los sindicatos docentes modificar este punto del protocolo para el reinicio de la actividad lectiva en la fase II del plan de desescalada.

En un primer momento, estaba prevista la incorporación de todo el profesorado que imparte 2º de bachillerato a la actividad presencial a la espera de la decisión y de la evaluación médica sobre su puesto de trabajo en el caso de tratarse de un colectivo vulnerable debido al coronavirus.

Los representantes sindicales trasladaron sus quejas sobre este criterio en la mesa sectorial celebrada este miércoles, que se extendió a lo largo de cuatro horas de reunión y debate con la Xunta y que abordó únicamente el primer punto del orden del día: el borrador del protocolo de reinicio de la actividad lectiva a partir del lunes.

Según han trasladado los sindicatos a Europa Press, ambas partes acordaron la modificación de la obligación de estos colectivos en esta fase.

Según indican desde ANPE-Galicia, no tendrán que volver aquellos docentes que pertenezcan a grupos vulnerables (por padecer diabetes, enfermedad cardiovascular, pulmonar crónica, entre otros), que podrán solicitar su no incorporación mientras el servicio de inspección médica no emita un informe al respecto.

Este cambio también afecta a la conciliación del profesorado, añade FeSP-UGT. Así, tampoco estarán obligados a incorporarse a las aulas aquellos con hijos menores a su cargo de hasta 12 años, dependientes o que cuenten alguna discapacidad.

IMAGEN DE NORMALIDAD

La CIG-Ensino ha recordado, a pesar de ello, que esta modificación «no implica» que este profesorado no se tenga que reincorporar más adelante, una cuestión sobre la que ha manifestado su «disconformidad» y sobre la que ha exigido «un compromiso expreso» por parte de Educación.

El sindicato ha censurado, además, que las medidas planteadas en el protocolo «desechan todo el esfuerzo realizado» por la comunidad educativa para la implantación de la teleformación, incluida la adaptación de las programaciones didácticas, y se pone en riesgo la salud de las familias.

Las entidades insisten, también, en reprochar la imagen de normalidad que se pretende transmitir en el sector educativo, en lugar de centrarse en trabajar para el mes de septiembre.

José Fuentes (CC.OO. Ensino) ha criticado con esta intencionalidad de la Xunta con motivo de la convocatoria electoral, y la premura en adelantar el inicio de la actividad en lugar de trabajar concienzudamente de cara al próximo curso, «evaluando los puestos y centros de trabajo».

En este sentido, ha calificado el protocolo de «un compendio de instrucciones confusas, vagas y nada concretas», y que no abordan las especificidades y casuísticas necesarias para tratar la diversidad de casuísticas que se dan en los centros, como que un profesor tenga que impartir en un taller o en un aula, por ejemplo.

ANPE también ha pedido a la Xunta que no se precipite en volcar la responsabilidad en los equipos directivos, para organizar aulas y grupos, y ha reiterado que ni docentes ni alumnos deben acudir «sin condiciones de seguridad plena». PASARÁ EL VIERNES POR EL COMITÉ DE PREVENCIÓN

El director xeral de Centros e Recursos Humanos, José Manuel Pinal, presidió este miércoles la reunión de los sindicatos. Educación ha defendido que el documento recoge medidas de prevención e higiene para permitir la reanudación de la actividad voluntaria del alumnado de 2º de bachillerato y segundos cursos de FP medio y superior, para asegurar que este retorno se realice «con toda la seguridad sanitaria».

Educación ha insistido, además, en que se defendió «siempre la posibilidad de retomar las clases presenciales» si la situación sanitaria lo permitía, dando prioridad al alumnado que fin de etapa, sobre todo aquel que se presentará a la selectividad.

El texto se someterá el viernes al Comité de Prevención de Riscos Laborais.