El juzgado de lo social número 4 de Santiago de Compostela ha decretado medidas cautelares a la empresa COEXAM, que tiene adjudicado el transporte sanitario urgente en el Barbanza para que realice de forma inmediata las pruebas de coronavirus a todos sus trabajadores.

En un auto dictado este miércoles y al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado acepta la demanda de tutela de derechos fundamentales con solicitud de medidas cautelares presentada por el sindicato CIG al considerar que es «proporcionada» ante la emergencia social que se atraviesa y dada la «necesaria salvaguarda de la salud y seguridad de las personas trabajadoras de la empresa solicitante» toda vez que «prestan servicios esenciales para la totalidad de la ciudadanía».

Además, señala que no cabe recurso ordinario contra esta decisión, que obliga a que se realicen a todos los trabajadores los test de detección que se están realizando al personal sanitario del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Al respecto, la CIG ha recordado que presentó demandas similares en todas las áreas sanitarias de Galicia (excepto en Vigo y A Coruña, en las que sí se están realizando las pruebas) ante lo que considera una «inacción» por parte de la Xunta de Galicia a la que acusa de «no hacerle pruebas del COVID-19 a los trabajadores de las ambulancias, tanto del transporte urgente como del programado».

La central nacionalista ve necesaria la prueba para evitar la expansión de nuevos contagios y comprobar la incidencia de la enfermedad entre el personal del sector, al tener en cuenta que están «en primera línea el coronavirus, en permanente exposición a la infección y, por tanto, con un elevado riesgo de contagio».

Pese a ello, la CIG censura que la Consellería de Sanidade no considera a los trabajadores de las ambulancias como personal sanitario y critica que solo hiciese las pruebas en las áreas de Vigo y A Coruña. «Es más, el Sergas en su plan específico de prevención del coronavirus no contempla la actividad de las ambulancias como servicio esencial, cuando sí considera esencial la gestión de residuos, la limpieza o la seguridad», señala el sindicato, que asegura que ello contrasta con el criterio recogido en la sentencia del juzgado de Santiago.

Por ello, la CIG reitera la petición a la Xunta –como administración responsable de garantizar la salud pública– para que «sin más demora» realice pruebas válidas a todo el personal de ambulancias.

PROFESIÓN «ESENCIAL»

Consultadas al respecto, fuentes de la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 han informado de que desde el inicio de la pandemia se realizaron test sobre coronavirus a los técnicos en emergencias sanitarias en función de los criterios individuales de cada situación.

Asimismo, estas fuentes han subrayado que los técnicos en transporte sanitario sí son considerados como profesión esencial –al igual que médicos, enfermeros, bomberos, policías, etc–, por lo que se les da prioridad en la realización de estas pruebas cuando presentan algún síntoma compatible con la enfermedad.

En este sentido, precisan que se realizaron los correspondientes test a todos aquellos técnicos en transporte sanitario que utilizaron las máscaras FFP2 que no cumplían con las especificaciones indicadas por el fabricante (correspondientes a un lote enviado por el Gobierno central a las comunidades).

«A día de hoy se están realizando los test a todo aquel personal técnico que, a pesar de no presentar ningún síntoma, estuvo asistiendo y trasladando pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19», apuntan estas fuentes que destacan que con la realización de estas pruebas se pretende testar a todo el personal de forma progresiva a lo largo de las próximas semanas.