El Colegio de Procuradores de Vigo aboga por activar la actividad judicial en pleno con una reducción del contacto entre los profesionales para evitar contagios por COVID-19 con el objetivo de «acabar con el atasco de asuntos sin resolver que se acumulan en los juzgados».

En concreto, la semana pasada el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobo una guía para la reactivación de la actividad y un protocolo de medidas de seguridad, aunque estas medidas no conllevaron el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales acordada por el estado de alarma.

Precisamente, el Colegio de Procuradores de Vigo ha alertado de que el hecho de que la actividad judicial permaneciese «casi totalmente paralizada» durante marzo y abril ha conllevado que no se tramitasen unos 12.000 escritos judiciales en los juzgados de la ciudad, lo que supone un descenso del 76% respecto a ese periodo de 2019.

En este sentido, el órgano colegiado ha afirmado que se han contabilizado 20.083 asuntos judiciales pendientes en Vigo y 2,8 millones en toda España de acuerdo con datos del CGPJ.

Ante esta situación, la entidad ha elaborado una propuesta con medidas procesales adicionales a las establecidas por las autoridades sanitarias para retomar la actividad con un menor contacto físico en las sedes judiciales. El documento ha sido trasladado al Consello Galego de Procuradores para su aprobación y propuesta al Consejo General de Procuradores de España.

PERSONAL

En concreto, se ha reclamado la habilitación de más personal para poder permitir mantener el funcionamiento de los juzgados durante en el mes de agosto después de que se marcase como hábil en el Boletín Oficial del Estado (BOE). «Si no se sustituye a los profesionales (…) que estén de vacaciones en agosto, los escritos, demandas y recursos seguirán llegando a las mesas de los juzgados sin que esté allí presente quien debe gestionarlos y resolverlos», ha advertido el decano del órgano colegiado, José Antonio Fandiño.

También se ha incidido en la necesidad de ampliar la capacidad del sistema informático Lexnet y se ha planteado habilitar los colegios de procuradores como receptores de las copias de demandas para evitar los desplazamientos de profesionales.

Adicionalmente, se ha propuesto que se pueda prescindir del poder que autoriza a los procuradores a actuar en nombre de su cliente y que debe ser otorgado físicamente hasta el momento en el que sea necesaria «la presencia física de los no profesionales en los juzgados».

Asimismo, se ha abogado por que el inicio de los plazos se contabilice desde el momento de traslado de documentación entre los procuradores de las partes.