El portavoz del sindicato Alternativas na Xustiza-CUT, Pablo Valeiras, ha remitido una carta al director xeral de Xustiza, Juan José Martín, en la que exige la «convocatoria urgente por videoconferencia» de una mesa de negociación específica para abordar la desescalada en los juzgados gallegos.

Según informa este sindicato de funcionarios judiciales, el Real Decreto del estado de alarma, a través del artículo 6, «deja muy claro que la Xunta de Galicia conserva la gestión» de la administración de justicia a pesar de las circunstancias excepcionales.

Por ello, AXG-CUT considera que el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, tiene ahora «la oportunidad, no solo ‘de boquilla’, de demostrar que no actúa desde la imposición como acaba de hacer el Ministerio de Justicia», con medidas como la habilitación de los juzgados durante el mes de agosto.

Además, el sindicato enumera algunas iniciativas que, a su juicio, deben ser implementadas para retomar la actividad en el sector. Entre ellas, reclama una «mejora» en el reparto de material protector: «No está garantizado material en cantidad suficiente ni de la calidad precisa».

En este sentido, pide pantallas protectoras «para todos los trabajadores», mamparas «en todos los mostradores», escáneres de detección de temperatura corporal en las entradas de los edificios, además de pruebas PCR para aquellos empleados que vuelvan.

Asimismo, la negociación que reclama Alternativas na Xustiza-CUT debe incluir «un protocolo para atención ciudadana en el día a día y las fórmulas de comunicación con las mismas».

«FACILITAR» EL TELETRABAJO

El sindicato también considera que debe «facilitarse» el teletrabajo a aquellas personas que tengan hijos menores o mayores a su cargo y a aquellas que sean «especialmente sensibles» a la COVID-19. Por ello, apelan a «una apuesta real por el teletrabajo y el ‘papel cero’ en una justicia digital».

Finalmente, AXG-CUT demanda la «cobertura de las bajas» y la publicación de las listas definitivas de las bolsas de funcionarios interinos, «que llevan más de un año paralizadas», denuncia la organización.