El Defensor del Pueblo considera «nulo» el convenio firmado entre la Xunta, el Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para la concesión de una «subvención directa» para la rehabilitación del entorno de los Baños de San Xusto.

La resolución del Defensor, institución dirigida por Francisco Fernández Marugán, asegura que no se tramitó «el procedimiento legalmente establecido de concurrencia competitiva» y que esta adjudicación directa –en dos anualidades: unos 280.000 euros en 2019 y otros 400.000 en 2020– se hizo «sin reunir los requisitos esenciales para ello».

Esta recomendación del Alto Comisionado de las Cortes surge a raíz de una queja de la Alcaldía de Ponte Caldelas, que considera que el convenio, firmado en 2019, estuvo «falto de transparencia» porque «no permitió que todos los ayuntamientos de Galicia pudiesen optar a las ayudas de la Xunta en igualdad de condiciones».

Y es que, según la resolución del Defensor del Pueblo, este procedimiento «ha impedido a otros ayuntamientos con proyectos similares» –Ponte Caldelas promovía un proyecto de estación termal– acceder a estas ayudas.

En este sentido, también considera que «no se acreditan los motivos por los cuales se eligen dos áreas de interés paisajístico» en Cerdedo-Cotobade «y no cualquier otra de las también incluidas en el Catálogo de Paisajes de Galicia; ni las razones por las que se elige a ese municipio y no otro, como por ejemplo, el Ayuntamiento reclamante» .

LEY DE TRANSPARENCIA

Además, la institución dirigida Fernández Marugán asegura que el acuerdo con Cerdedo-Cotobade «no figura» en el registro de convenios «más de un año después de su firma».

«Aunque se han publicado ciertos datos en el DOG (Diario Oficial de Galicia), no se identifica el beneficiario de la subvención, ni se ha publicado el texto completo del convenio ni su memoria», añade, por lo que concluye que la Administración autonómica «no ha cumplido las previsiones» de la Ley de Transparencia de la Comunidad.

Por todo ello, el Defensor del Pueblo ha emitido una sugerencia para «revisar» el convenio, «declarar su nulidad» y «exigir el reintegro» de la cantidad otorgada al Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade, al tiempo que recomienda «aprobar las bases reguladoras de las ayudas destinadas a entidades locales» y otorgarlas «a través de un procedimiento de concurrencia competitiva».