Galicia flexibiliza los criterios de titulación. Pasar de curso, la evaluación continua y las acciones de refuerzo, serán las directrices que marcarán este tercer trimestre en la mayoría de las etapas educativas.

No obstante, la exigencia será mayor en bachillerato, en donde el número de suspensos sí será determinante para obtener el título, aunque sí se reconocen excepciones en el caso de que el centro lo considere oportuno y se tendrá en cuenta la evolución del alumno y la adquisición de competencias.

Así se desprende de las instrucciones elaboradas por la Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional y remitidas a las direcciones de los centros educativos, a partir de las directrices avanzadas por el Ministerio del ramo en la última conferencia sectorial con las comunidades autónomas.

El objetivo del documento es ofrecer criterios a los centros educativos para la organización del tercer trimestre y del trabajo de cara al próximo curso académico.

Entre las instrucciones aportadas, se encuentran aquellas destinadas a realizar la evaluación y la titulación del alumnado de forma telemática, en la línea de los parámetros avanzados por la ministra Isabel Celaá.

El documento de la Xunta aporta directrices por etapas educativas. En términos generales, la evaluación a partir de la suspensión de las clases presenciales será continua y tendrá carácter diagnóstico y formativo. De este modo, se considerará el conjunto del curso para valorar los avances del alumnado y la necesidad o no de planificar medidas de recuperación.

ADAPTACIÓN Y REFUERZO

Los centros emitirán un informe individual por alumno, impulsarán el desarrollo de competencias clave y acentuarán las tareas centrándose en el trabajo realizado en los dos primeros trimestres.

La repetición será excepcional y el objetivo será favorecer la promoción del alumnado, de modo que no podrá verse perjudicado por las consecuencias de la crisis y el parón de las clases a la hora de titular.

Asimismo, los centros impulsarán planes de refuerzo y recuperación de cara al próximo curso y la adaptación del currículo y las actividades centrándose, específicamente, en el alumnado más atrasado, además de adoptarse las medidas necesarias de atención a al diversidad en la programación del próximo año.

DIRECTRICES POR ETAPAS

En Educación Infantil, se flexibilizarán los criterios de evaluación y se vigilará el desarrollo y la evolución de los pequeños a lo largo del curso. Este caso se dará también en Primaria, con un tercer trimestre enfocado en el diagnóstico y en la detección de necesidades del alumnado.

La promoción no se verá afectada por la limitación de materias pendientes, y tendrá en cuenta el progreso de la etapa y del curso en su conjunto.

En el caso de Secundaria, el alumnado tendrá que matricularse de nuevo en las materias no superadas, pero tampoco se tendrán en cuenta los suspensos para titular (siempre dependiendo de la decisión de cada centro).

Las principales exigencias se darán en la etapa de Bachillerato en la que, a pesar de que se flexibilizan los criterios de promoción, será necesaria la evaluación positiva (en términos generales) de todas las materias en los dos cursos.

No obstante, los centros tendrán la última palabra a la hora de determinar esta flexibilización y de tener en cuenta la persistencia de alguna asignatura pendiente, siempre y cuando consideren que el alumno alcanzase los objetivos de la etapa.

SE TRIPLICA LA BUROCRACIA

Algunas organizaciones ya han trasladado su primeras impresiones sobre las instrucciones a los centros del Gobierno gallego.

La CIG-Ensino ha censurado «el nulo talante negociador» de la Xunta, al sacar este documento de forma «unilateral» a pesar de que está «modificando normas con carácter de decreto».

En este sentido, han lamentado que se publique el texto «sin ningún tipo de consenso previo», lo que en su opinión evidencia la falta de «interlocución con la comunidad educativa».

Desde ANPE-Galicia, Julio Díaz ha advertido de la problemática que supondrá el «café para todos» con los aprobados, sobre todo en lo relativo a la igualdad de oportunidades, por lo que tiene dudas en materia de «seguridad jurídica».

Por otro lado, el sindicato esta recibiendo quejas de profesores por el «papeleo» que implicarán estas medidas, que incrementarán la burocracia «en un 300%» entre los planes de recuperaciones, la revisión de las programaciones o los informes individualizados. «Los centros no deben funcionar como una gestoría, sino como promotores de formación».