La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado que serán los centros sanitarios, a través de sus programas de prevención de riesgos laborales, los que decidan si se realizan pruebas diagnósticas PCR para identificar si están contagiados o no los profesionales sanitarios que han usado las mascarillas defectuosas retiradas por el Ministerio de Sanidad.

El pasado viernes, el departamento que dirige Salvador Illa comunicó a las comunidades autónomas la retirada inmediata de las mascarillas FFP2 del fabricante ‘Garry Galaxy’, después de observarse que una partida contenida en envases verdes de que no cumple con la norma UNE.

El fabricante de estas mascarillas forma parte del listado de proveedores autorizados por las autoridades chinas y «todos» los productos administrados cuentan con «preceptivo marcado CE». Sin embargo, y a pesar de que unas mascarillas contenidas en un envase azul sí cumplen con las especificaciones establecidas en la norma UNE 149:2001+A1:2010, la partida contenida en envases verdes no cumplen con estos requisitos, por lo que se ha ordenado la retirada inmediata de todas estas mascarillas.

En rueda de prensa este lunes, Montero no ha detallado el número de mascarillas que han sido retiradas por el Ministerio, pese a ser preguntada por este extremo. Sí ha respondido a la posibilidad de hacer PCR a los sanitarios que hayan usado este material de protección defectuoso.

Montero ha señalado que la prevención de riesgos laborales tiene «perfectamente contemplado de qué manera se actúa en los casos en los que haya podido existir algún riesgo por atender a una persona positiva o se interprete que el material de protección no haya sido lo eficaz que se hubiera planteado».

Según la portavoz de Gobierno, los propios centros sanitarios receptores de estas mascarillas pondrán en marcha estos programas de prevención de riesgos laborales si detectan que alguno de sus profesionales ha podido estar especialmente expuesto al virus al haber usado estos productos defectuosos.