El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, mantendrá mañana a las 12.00 una videoconferencia con responsables de Justicia de todas las comunidades autónomas con competencias transferidas para analizar el funcionamiento de la Administración de Justicia en todo el Estado desde la declaración, el pasado sábado, del estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus.

Entre los objetivos se encuentra reforzar la coordinación de todas las instituciones para seguir garantizando entre todos los servicios esenciales pactados con el órgano de gobierno de los jueces y el Ministerio Público.

Precisamente este jueves, el ministro de Sanidad, Salvador Illa –haciéndose valer de las competencias otorgadas por el Real-Decreto ley por el que se declaró el estado de alarma–, ha anunciado el dictado de una orden para encomendar al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, «la coordinación» de todas las «administraciones prestacionales» para asegurar que se produzcan los servicios mínimos esenciales.

Se da la circunstancia de que las competencias en materia de personal las tienen atribuidas el Ministerio de Justicia –en la denominada ‘zona Ministerio’– y las comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas.

Así, ante las quejas de funcionarios que reclaman no tener que acudir a los juzgados si no es necesario, algunas administraciones territoriales han planteado planes de disponibilidad no presencial para evitar el riesgo de contagio por coronavirus.

Ha sido el caso, por ejemplo, de Cataluña que ha aprobado una instrucción, que finalmente ha quedado suspendida, que dispensa a los funcionarios de acudir a los juzgados para cumplir los servicios mínimos fijados, de modo que sólo se les llamaría cuando se les necesite. La Junta de Andalucía ha hecho una petición similar y ha instado al Gobierno a cerrar todos los juzgados, a excepción de aquellos que están de guardia, los de violencia de género y los servicios de medicina forense.

CONTACTOS CONTINUOS

A la reunión virtual de mañana también están convocados el secretario general del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Luis de Benito, y la fiscal del gabinete técnico de la Fiscalía General del Estado, Esmeralda Rasillo, instituciones con las que se encuentran en comunicación permanente para establecer una coordinación.

Según ha informado el Ministerio de Justicia en un comunicado, desde que se iniciaron las medidas de contención del COVID-19 «los contactos del Ministerio con estas administraciones territoriales han sido continuos», pues el pasado lunes, Campo ya mantuvo un primer encuentro con los consejeros.

Asimismo, la semana pasada, antes de la aprobación del decreto del estado de alarma, tanto el secretario de Estado, Pablo Zapatero, como el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de la Justicia, Borja Vargues también entablaron reuniones por videoconferencia con los cargos autonómicos.

REUNIÓN CON FUNCIONARIOS

Por otro lado, Vargues también mantendrá un encuentro por videoconferencia con los sindicatos de funcionarios de la Administración de Justicia, con los que se reunió el pasado lunes. El secretario general también entabló un encuentro el pasado miércoles con las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia, recuerda el comunicado.

En cuanto a los secretarios de los tribunales superiores de Justicia, la directora general para el servicio público de la Justicia, Concepción López-Yuste, se ha reunido con ellos este jueves, según informa el Ministerio.

Por último, el departamento de Juan Carlos Campo quiere trasladar un mensaje de «tranquilidad a la ciudadanía» y recordar que, pese a la situación excepcional provocada por las medidas de contención contra el coronavirus, «los derechos más esenciales de los ciudadanos seguirán garantizados».

Así, expresa su reconocimiento y apoyo a los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios de justicia, notarios, registradores, forenses, abogados, procuradores y demás operadores jurídicos que, pese a la situación excepcional que se está viviendo, «lo dan todo cada día para mantener un servicio público esencial para nuestra democracia y el conjunto de nuestra sociedad».