El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos ha solicitado al Gobierno que se cierren las clínicas podológicas, excepto en los casos de urgencias, con el fin de evitar posibles contagios de pacientes positivos asintomáticos al salir de sus domicilios y no incrementar la falta de suministro de material sanitario.

«Por tal motivo, debe considerarse la podología como una actividad suspendida a todos los efectos, salvo la asistencia a urgencias. El Consejo considera que la atención de urgencias podológicas por parte de los colegiados debe mantenerse para no contribuir al colapso de los servicios de urgencias hospitalarios», ha dicho.

En este sentido, ha denunciado que los podólogos se encuentran ante la «completa indefinición» legal sobre la situación de sus clínicas. Por ello, han subrayado que las autoridades contemplen la podología como actividad «suspendida», afectada directamente por la pandemia ocasionada por el Covid-19, para que puedan solicitar expedientes de regulación de empleo de suspensión por fuerza mayor y las oportunas ayudas a los autónomos.

A juicio del organismo, el desarrollo del artículo 17 del Real Decreto 8/2020 debe incluir a la podología como actividad suspendida y desarrollar debidamente el alcance de la ayuda económica que se contiene en dicho artículo, ya que caben «múltiples interpretaciones y genera confusión en el colectivo afectado».

En este sentido, ha avisado de que el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos no puede garantizar una asistencia segura a sus pacientes porque hacer público el cierre obligatorio confunde a la población animándola a venir a los centros podológicos, incluso a algunas autoridades.

Además, prosigue, parte de los procedimientos podológicos implican un contacto directo y mantenido en el tiempo con el paciente, lo que aumenta el riesgo de contagio entre el paciente y el podólogo. «Muchos de los tratamientos podológicos no tienen carácter urgente por lo que pueden ser pospuestos, lo que evita que los pacientes tengan que desplazarse a las clínicas y disminuye el riesgo de contagio o propagación. Ya se ha puesto en marcha un protocolo por el cual el paciente urgente es atendido previamente por teléfono mediante un cuestionario», ha enfatizado.

El organismo ha justificado también su petición señalando que la conservación y almacenaje de la mayor cantidad de material posible exige su no utilización en nuestra consultas. «Todo este material debe quedar a disposición de los profesionales sanitarios que actúan en primera línea en el sistema sanitario público. Salvo urgencias, ni los pacientes, ni los podólogos ni el personal de sus clínicas tienen garantizado el derecho a su salud, ni es posible garantizar el no contagio», ha zanjado.