El gobierno del Ayuntamiento de Lugo ha firmado un decreto por el que se mantendrán los términos de los contratos con las empresas adjudicatarias de servicios municipales con el fin de que no se produzcan despidos durante el tiempo que duren las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sanitarias del coronavirus.

El decreto, según informa el consistorio de la capital lucense, ha sido aprobado este mismo miércoles por la alcaldesa de la ciudad, Lara Méndez, que destaca la «voluntad» del ejecutivo local de que las empresas que prestan servicios municipales «no sufran con la actual situación».

De este modo, el ayuntamiento mantendrán los contratos en las mismas condiciones durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria de cara a evitar que las adjudicatarias tengan que recurrir a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

«En la misma línea de apoyo a las empresas y autónomos de Lugo, con el objetivo de que mantengan sus puestos de trabajo, para lo cual habilitamos una partida municipal de cinco millones de euros, también es nuestra voluntad política que las empresas que trabajan en los distintos servicios municipales no sufran con la actual situación», ha apuntado la regidora, según recoge un comunicado del consistorio lugués.

En virtud del decreto, todas la empresas concesionarias tendrán que mantener «la plena disposición» del ayuntamiento «los mismos medios humanos y materiales con los trabajaban».

De este modo, continúa el gobierno local, las prestaciones recíprocas entre empresa y administración «se conservarán inalteradas», si bien el ayuntamiento aclara que existe la posibilidad de modificar contratos para «adaptarlos a la nueva situación» actual.

SUSPENSIÓN «NO ES EL CAMINO»

A renglón seguido, y tras recordar que las concesionarias de servicios también están afectadas por las medidas del Esatdo de Alarma adoptadas para contener la expansión del virus, Lara Méndez ha subrayado que para el gobierno que encabeza la suspensión de contratos «no es un camino a seguir».

En este sentido, ha apuntado que esto supondría, además de «un grave prejuicio» para los vecinos de la ciudad y los propios trabajadores, también tendría «un enorme coste para las arcas públicas en concepto de pago de prestaciones por desempleo, lo que acrecentaría considerablemente el déficit público, cuyo control es un objetivo que todas las entidades del sector público debemos ayudar a conseguir».