La Delegación del Gobierno en Galicia ha adoptado medidas de atención telemática y telefónica en sus oficinas para evitar la propagación del Covid-19 en la atención al público y, por otro, «garantizar la continuidad en los servicios a la ciudadanía», explica en un comunicado.
Al respecto, explica que se suspende la atención presencial y se anulan las citas previas concertadas mientras dure esta situación.Estas medidas afectan a las áreas integradas de la Delegación del Gobierno: Educación, Sanidad, Extranjería, Educación, Registro y Sanciones.
Además, la Delegación del Gobierno señala que desde este lunes las solicitudes de información se atenderán telefónicamente a través del número 981 989000.
Desde este organismo se ruega «la comprensión de los usuarios, así como la máxima colaboración para su cumplimiento que no tienen otro objetivo que proteger la salud de todos los ciudadanos».
PORTAL DE ACCESO
También se recuerda que la Administración General del Estado dispone de un Punto de Acceso General (PAG) en la dirección https://administracion.gob.es.
Este portal da acceso a todos los procedimientos (trámites) y servicios electrónicos de las administraciones públicas agrupados por materias, así como la información sobre el funcionamiento y organización de las administraciones `públicas y el Estado.
En la misma línea, dispone de un servicio de atención personalizada: un buzón de atención y un servicio de webchat en línea. Otros canales de atención son: el teléfono 060 y las redes sociales.
Además, se da información sobre empleo público, ayudas, subvenciones, becas y normativa de interés de las Administraciones Públicas y de la Unión Europea (UE).
Y, por último, da acceso a los sitios web oficiales de los Departamentos ministeriales, organismos autónomos, Comunidades Autónomas, Entidades Locales, así como a sus sedes electrónicas.
SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TRÁMITES
Desde la Delegación del Gobierno se recuerda, asimismo, que, en virtud de la decisión del Consejo de Ministros, se suspenden los términos y se interrumpen los plazos de los procedimientos administrativos en curso, regulados de forma directa o indirectamente por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, hasta que cese el estado de alarma.
