Ocho de cada 10 sentencias dictadas por los juzgados gallegos durante el año 2019 por casos de violencia de género fueron condenatorias. En concreto, se condenó al 82,9% de los enjuiciados por esta materia de los que en su mayor parte (ocho de cada diez) eran de origen español.
Así lo reflejan las estadísticas publicadas este lunes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que hacen referencia a la totalidad del año pasado.
En total, en 2019 hubo en Galicia 662 procedimientos con sentencia condenatoria por cuestiones de violencia de género, un 3,4% menos que el año anterior, y 136 sentencias absolutorias, lo que implica que la decisión fue una condena en el 83% de los casos.
Los juzgados gallegos recibieron el año pasado 6.551 denuncias por violencia de género, lo que supone un 0,2% más que el año anterior, cuando se presentaron 6.537. La mayor parte de los casos (5.166) llegaron a los juzgados a través de atestados policiales con denuncia de la víctima.
Sin embargo, estas denuncias hacían referencia a 5.997 mujeres víctimas de violencia de género, un 3% menos que en el ejercicio anterior. De ellas, la mayor parte –4.952– eran españolas.
DISPENSAS Y MEDIDAS
A lo largo del año pasado, 366 víctimas gallegas se acogieron a la posibilidad de no declarar como testigos, un 3,2% menos que el año anterior. En los Juzgados de Violencia sobre la Mujer gallegos se solicitaron el año pasado 2.022 órdenes de protección y seguridad de las víctimas, de las cuales se adoptaron 1.335.
Uno de los índices que registró un incremento importante fue los menores enjuiciados por los juzgados correspondientes por delitos o faltas relacionados con la violencia de género y que pasaron de seis en 2018 a 11 en 2019. De ellos, ocho eran españoles y a todos menos a uno se le impusieron medidas especiales.
El CGPJ recuerda que Galicia es la segunda comunidad con la tasa de violencia de género más baja del Estado, con 42,8 víctimas por cada 10.000 habitantes, sólo por detrás de Castilla y León (42,4). En el conjunto del Estado la tasa es de 67,3.
