El Colegio de Abogados de A Coruña ha adoptado, en el marco de las medidas para frenar el coronavirus, varias medidas, entre ellas la suspensión del servicio de préstamo de togas y de la atención presencial en las oficinas del edificio de los juzgados y servicio de orientación jurídica (SOJ) desde el lunes, día 16.

Por su parte, el Consello da Avogacía Galega solicitará al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que acuerde o autorice «la suspensión de todos los juicios, vistas, comparecencias, declaraciones y señalamientos en los juzgados y tribunales de Galicia, con excepción de las causas con presos y asistencia a detenidos».

En un comunicado, y sobre la atención a los usuarios, el Colegio de Abogados explica que seguirá prestando el servicio de modo no presencial, por correo electrónico.

También afirma que amparará a los abogados «en caso de conflicto entre la protección de su salud y los señalamientos, actuaciones o requerimientos de órganos judiciales y centros de detención, que soliciten su presencia física con riesgo para el letrado».

Por otra parte, sostiene que «cuando haya riesgo de enfermedad o motivo análogo» se podrá «instar nuevos señalamientos o la suspensión de las vistas», apunta en línea con lo planteado también por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En cuanto al servicio de guardias de asistencia al detenido, investigado o preso, afirma que el abogado designado que alegue alguna situación de riesgo relacionado con el coronavirus será sustituido. Por otra parte, se suspende la actividad del servicio de biblioteca desde este viernes y desde el lunes la presencial.

SUSPENDER JUICIOS

Por su parte, el Consello da Avogacía Galega ha acordado apoyar las medidas de los colegios de abogados gallegos y las que se adopten en el futuro, al tiempo que califica de «acertada» la suspensión o cancelación de actos y eventos y las decisiones adoptadas en relación a la atención presencial al público.

Por otra parte, plantea solicitar al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la suspensión de todos los actos judiciales y señalamientos previstos hasta final del presente mes de marzo, «excepto las causas penales con detenido o preso, sin perjuicio de que sea necesario prorrogar la medida».

Al respecto, considera que «mantener la celebración de actos públicos en los edificios judiciales pone en riesgo de contagio al personal de administración de justicia y a los usuarios y usuarios, así como también a los profesionales».