Las quejas registradas en A Mesa pola Normalización Lingüística por la discriminación del gallego han aumentado en el último año y un 45,28% de ellas están relacionadas con la Administración pública, según muestra el Informe da Liña do Galego de 2019.
Así lo han anunciado este jueves durante la presentación del estudio el presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, la vicepresidenta de A Mesa, Elsa Quintas, y la diputada provincial de Lingua en A Coruña, María Muíño.
De este modo, el informe muestra que contabilizaron un total de 318 quejas, 15 más que en 2018. Además, hay 197 felicitaciones a empresas, entidades y instituciones que «avanzan en el impulso por la normalización» del gallego.
Elsa Quintas ha subrayado que la «motivación» de las quejas «pone de manifiesto el aumento de las discriminaciones por motivo de lengua, las exclusiones y los ataques» al idioma.
TOPONIMIA DETURPADA
Así, ha destacado también que entre los motivos de las reclamaciones ha aumentado la toponimia deturpada, en 2018 representaba un 22% de estas y en 2019 pasa a ser el 35,22%. «Observamos que esto no consigue normalizarse a pesar de que la Ley de normalización lingüística ya lleva unos años aprobada», ha incidido la vicepresidenta de A Mesa.
Las quejas continúan siendo principalmente sobre las administraciones e instituciones públicas, con un 45,28%, seguido de las empresas de servicios, con un 32,70%, de las instituciones privadas, con 12,26%, y las entidades bancarias, con 9,75%.
Dentro de la Administración pública, la Xunta recibe el 31,73% de las reclamaciones, el Sergas el 27,88% y, además, destaca como administración local el Ayuntamiento de Vigo con un 6%. La vicepresidenta ha ejemplificado esto con un caso en el que una pediatra «pidió a la madre que hablase en castellano» durante una revisión a su hijo, sin atenderla en gallego en primera estancia. «ÉXITOS» EN LA GESTIÓN DE LAS QUEJAS
Por otro lado, Elsa Quintas ha recalcado que, una vez recogidas las quejas, dan lugar a un expediente para trasladar la información a empresas y Administración.
En este caso, ha destacado algunos «éxitos» tras estas actuaciones, como el caso de Scolarest que ofrece ahora en gallego los menús mensuales que reciben los padres y el de Ikea que, «después de muchos años» de reclamaciones, incorporó el idioma a su página web en 2020.
La vicepresindenta de A Mesa ha subrayado como, después de hacer conocer a las empresas sus expedientes, «ven que tiene esta repercusión, esa reacción, que no queda solo en la queja».
INFORME DE LA ONU
Por su parte, el presidente de A Mesa para a Normalización Lingüística, Marcos Maceira, ha incidido en el informe definitivo del Relator para las minorías del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) publicado este miércoles y que «es el cuarto posicionamiento de una institución internacional» que se muestra «en contra del Decreto del Plurilingüismo».
Marcos Maceira ha explicado que el informe señala que «se debe revisar cualquier medida que pueda reducir la proporción de docencia en lengua minorizada», por lo que «está diciendo que se debe revisar contenido del Decreto de Plurilingüísmo».
En esta línea, ha recalcado que el estudio «habla de que se debe dotar de recursos apropiados la docencia en gallego» y que pone de ejemplo las clases en catalán. Así, ha indicado que el informe cita una sentencia en la que reconocen que la docencia en catalán es legal hasta el 75%, mientras que en gallego no permiten más del 50%. «Dentro de la legalidad estamos en un rango inferior», ha añadido.
«Si no se garantiza el conocimiento de la lengua propia por parte de los funcionarios del Estado, no se puede garantizar la posibilidad del uso del gallego delante de la Administración del Estado», ha recalcado también Marcos Maceira, en lo que coinciden A Mesa y el informe de la ONU.
