La presidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente en Galicia, Ascensión Cambrón, se ha mostrado «esperanzada» ante la intención del Gobierno de aprobar una ley de la eutanasia, aunque advierte, en declaraciones a Europa Press, de la existencia de «carencias» que, a su juicio, deben ser «subsanadas en trámite parlamentario».

También pide no «trivializar» con este tema ante las afirmaciones hechas desde el PP o Vox, mientras descarta que la eutanasia sea cuestión de «ateos» o que su rechazo pueda argumentarse por cuestión de «tradiciones». «A los que quieren confundir», les replica citando datos de estudios que, según explica, recogen «que el 87% de la población española está a favor de la legalización de la eutanasia».

Mientras, desde el Colegio Notarial de Galicia han confirmado que en los últimos diez años, entre el período 2009-2019, se han registrado un total de 4.017 documentos de voluntades anticipadas en las notarías gallegas, conocidos como ‘testamento vital’. También destacan que de los 258 registrados en 2009 se pasó a 583 en 2019.

De este documento, explican que «contiene las instrucciones acerca de las atenciones sanitarias que han de recibir las personas que los suscriben» fijando el límite de las mismas y el destino de sus órganos así como, algunas veces, cómo han de celebrarse los actos, religiosos o no, con ocasión de su fallecimiento».

REQUISITOS

Este documento ha de otorgarse con intervención de notario; en presencia de testigos que no sean parientes de la persona que lo hace o ante el personal del Registro Gallego de Instrucciones Previas o de las unidades habilitadas, para que se incorpore a la historia clínica del paciente y esté disponible en todos los centros médicos del Estado.

«Suele contener, en función de la ideología de cada persona y con los límites que establece la ley, que prohíbe la eutanasia, una serie de disposiciones a las que ha de atender el personal sanitario», recuerdan desde el Colegio de Notarios que citan, entre otras, «la autorización para intervenciones quirúrgicas, extraordinarias o no, o el rechazo del denominado encarnizamiento terapéutico».

«Se suele facultar a una persona o a varias para actuar como interlocutora con el equipo médico; todo ello, lógicamente, para el caso de que el paciente se encuentre en unas circunstancias que no le permitan expresarse libremente», explica la decana del Colegio Notarial de Galicia, Isabel Louro.

Sobre sus ventajas, apunta, sobre todo, que evita «preocupaciones y reduce tensiones» entre las personas próximas al paciente. «La reflexión, con el pertinente asesoramiento profesional, en un momento de tranquilidad y plena consciencia, suele proporcionar, en mi experiencia, una gran serenidad», señala la decana de los notarios gallegos.

LEY DE MUERTE DIGNA

Desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente, recuerdan que, desde 2015, Galicia cuenta con una ley de Muerte Digna, «que reconoce que, con un diagnóstico irreversible, no se apliquen recursos extraordinarios», apunta Ascensión Cambrón. «Supuso un paso más que no quiere decir que fuese un paso a favor de la eutanasia», matiza sobre una de las reivindicaciones de esta entidad.

De esta ley, recuerda que «no autoriza la objeción de los profesionales sanitarios» ante el cumplimiento de esta norma. «Porque lo que la ley ordena es conforme a la práctica médica», apostilla. «Además de rechazar el tratamiento terapéutico, reconoce el derecho a dejar por escrito un documento que exprese lo que uno quiere», expone sobre su contenido.

Sin embargo, cuestiona que, desde que se puso en marcha esta ley, la información sobre los derechos que confiere haya sido a través de la asociación que preside, según explica. «La Administración sanitaria es la que tiene que favorecer el conocimiento entre la población y aún hay profesionales en centros de salud que no se han enterado de lo que la ley les obliga», añade.

«A finales de 2019, eran 10.000 los documentos registrados», ha manifestado, mientras, sobre los datos de los que dispone la asociación y en referencia a los formalizados en las unidades del Registro Gallego de Instrucciones Previas. De estas, lamenta, no obstante, que no haya la misma disponibilidad para acudir a ellos en todas las provincias gallegas.

SOLIDARIDAD

En cuanto a la aprobación de una ley de eutanasia, planteada por el Gobierno, la presidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente en Galicia admite que puede haber colectivos que no estén a favor por motivos «teológicos». «Eso puede argumentarse, pero no hace falta decir barbaridades», señala sobre las manifestaciones hechas por miembros de PP y Vox.

«Es mala fe y tratar a la ciudadanía como idiotas». «Si alguien no quiere que no le apliquen la eutanasia, que diga que no quiere», incide a este respecto. «Con qué argumentos se puede negar ayuda a una persona que pide solidaridad con su problema para dejar de sufrir», responde, además, a los críticos.

En la misma línea, subraya que la eutanasia no es «una cuestión de ateos». «Es algo que preocupa a mucha gente, a los que han visto a alguien próximo durante años y que no quieren vivir así», señala sobre casos de enfermedades sin alternativas terapéuticas y posibilidades de mejora de la calidad de vida.

De la ley que ultima el Gobierno, insiste en corregir «carencias» para evitar «que pase como con la ley de interrupción del embarazo». «Que hay que ir a Madrid porque hay comunidades autónomas que no ponen medios».

Así, advierte que cuestiones «garantistas» pueden acabar convirtiéndose en un «obstáculo» para la aplicación de la misma. Por otra parte, demanda la presencia de representantes de una asociación como la suya en las comisiones de evaluación y control que, en última instancia, decidirán sobre los casos.

RECURRIR A OTROS PAÍSES

Sobre la labor de Morir Dignamente, precisa que ellos no ayudan «a morir a nadie». «Les damos información de lo que se puede hacer, irse a Suiza, por ejemplo, donde hay instituciones no gratuitas donde se ayuda al suicidio asistido con diagnóstico de la enfermedad», indica para casos que se enmarcan en los supuestos establecidos para aplicar esta medida.

Como dato, apunta también que la asociación, creada en 1984 en España, pasó en Galicia de 40 miembros hace unos años a 300 en la actualidad.

Preguntada por la respuesta en los profesionales sanitarios, lamenta que no haya una encuesta para saber «su opinión» sobre la eutanasia. No obstante, destaca «el cambio sustantivo» experimentado por parte de los mismos. «Hay una solidaridad mayor con los pacientes que dicen no al encarnizamiento terapéutico», apostilla.