El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Álvaro García Ortiz como número dos de Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado al frente de la Secretaría General Técnica.
El hasta ahora fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia, proviene de la Unión de Fiscales Progresistas, entidad que presidió entre 2013 y 2017.
Aunque natural de Salamanca, ha desarrollado 18 años su profesión en Galicia, en una trayectoria en la que destaca su papel como fiscal en el caso ‘Prestige’, un proceso que comenzó en 2003 tras el hundimiento del petrolero con 77.000 toneladas de fuel frente a las costas gallegas el 13 de noviembre de 2002 y que 16 años después tuvo su respuesta definitiva en el Supremo.
También sobresale en su trayectoria las investigaciones sobre incendios y el informe elaborado sobre las posibles causas delictivas de los incendios forestales de octubre de 2017, después de que el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hablase de una actividad «delictiva homicida» y llegase a plantear el delito incendiario como «terrorista».
García Ortiz fue tajante al respecto tras el análisis de la Fiscalía y aseguró que no tenían «evidencias de la existencia de ninguna trama» incendiaria. Este informe fue llevado al Parlamento de Galicia en la comisión que investigó la ola de incendios de aquel inicio de otoño.
CONSEJO FISCAL ESTE MIÉRCOLES
La nueva fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tomará posesión este miércoles como miembro nato del Consejo Fiscal, órgano consultivo en el que están representadas las asociaciones de fiscales que obtuvieron esta plaza en elecciones realizadas en la carrera y en las que se estrenarán también dos nuevos consejeros, Aurelio Blanco y Eduardo Navarro.
Ambos sustituyen a Álvaro García Ortiza y Diego Villafañe, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), quienes han sido designados por Delgado como número dos de la FGE al frente de la Secretaría General Técnica y número dos de este gabinete técnico, respectivamente.
Se trata de un pleno constitutivo en el que se informará sobre los citados nombramientos, que son en plazas disreccionales, además de otros realizados en la Unidad de Apoyo y en puestos de adscritos a las fiscalías de Sala delegadas, han informado a Europa Press fuentes fiscales.
Delgado tomó posesión del cargo el pasado 26 de febrero en un acto formal celebrado en el Triubunal Supremo, donde tuvo como padrino al exfiscal general y actual magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde Pumpido.
Su elección despertó desde el principio gran recelo tanto en la oposición como en amplios sectores del ámbito judicial, tanto por el hecho inédito de que la candidata salte directamente del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General como por la difusión de las grabaciones de una conversación que tuvo lugar en 2009 en un restaurante donde compartió mantel con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión por orden de la Audiencia Nacional.
Delgado nació en Madrid en 1962 y hasta su entrada en el Ejecutivo la pasada legislatura ejercía de fiscal coordinadora contra el yihadismo en la Audiencia Nacional. Ingresó en dicho órgano en 1993 y desde entonces su labor se centró en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo etarra y, posteriormente, yihadista, en el que se especializó tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
Cuenta con experiencia en el Tribunal Penal Internacional, donde ejerció como fiscal a partir de 2011 y preparó la documentación de la orden de arresto contra el fallecido dictador libio Muamar Gadafi para juzgarle por crímenes contra la Humanidad. Criticó duramente los recortes y práctica desaparición de las causas de este tipo en la Audiencia Nacional a cuenta de las reformas del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y del PP, si bien el Gobierno de Sánchez ha prometido revertir esta situación.
