El responsable de la Confederación Intersindical Galega (CIG) en el sector de ambulancias, Óscar Graña, ha denunciado que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) «pretende» que Las dotaciones de ambulancias de emergencia puedan actuar «únicamente con el personal conductor, sin ningún técnico».

Tras una reunión celebrada este jueves en Vigo con representantes del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Graña ha advertido de que esta situación conlleva «comprometer la capacidad de intervención de las propias ambulancias». Además, ha afirmado que «las últimas decisiones adoptadas por el Sergas», entre las que se encuentra la señalada, «supondrán una mayor precarización del servicio de ambulancias».

Asimismo, el responsable sindical ha rechazado que se pueda sustituir el servicio programado prestado mediante ambulancias «por taxis». De este modo, ha advertido de que estos últimos vehículos no disponen de capacidad para «transportar a una persoa de su cama hasta el centro médico» y ha alertado de que su utilización podría «empeorar las condiciones de salud» de los pacientes.

Ante esta situación, la diputada autonómica del BNG Montse Pardo ha remarcado que la dotación de personal y el tiempo de respuesta de estos servicios «pueden marcar la diferencia entre un desenlace positivo o uno fatal». «En situación de vida o muerte estos recortes suponen una clara amenaza», ha afirmado Montse Prado.

Adicionalmente, la diputada nacionalista ha achacado los «recortes» aplicados por la Xunta en este área a una apuesta por «desmantelar la sanidad pública» para «alentar el negocio privado» y ha lamentado que el Sergas opte por contratar empresas de transporte privado que, en ocasiones, «no cumplen» la normativa dado que el 061 carece de las «dotaciones suficientes» de ambulancias.

Ante esta situación, ha asegurado que el BNG impulsará la «reversión de estos recortes» tras las elecciones autonómicas, que tendrán lugar el próximo 5 de abril.

Además, el concejal del BNG en Vigo, Xabier P. Igrexas, ha lamentado que el Gobierno gallego haya convertido a esta ciudad en la «zona cero del destrozo sanitario» al aludir a la apuesta por una gestión privada en el Hospital Álvaro Cunqueiro y el «desmantelamiento» del centro Meixoeiro, entre otras actuaciones.