La Fiscalía solicita penas que suman 13 años de cárcel, así como otros 6 años de inhabilitación, para un médico del servicio de Rehabilitación del Hospital Montecelo de Pontevedra, al que acusa de tres delitos de abusos sexuales a pacientes, y que será juzgado a partir del martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Según el escrito de acusación pública, este facultativo del Sergas, entre septiembre de 2014 y enero de 2015, cometió abusos sexuales sobre tres mujeres que acudieron a su consulta por diversas dolencias.

Así, la primera de ellas presentaba un cuadro de artrosis cervical y problemas en un codo pero el médico, tras preguntarle por su estado civil, le indicó que se acostase en la camilla, le apartó el vestido y la ropa interior y, mientras le palpaba las caderas, le introdujo los dedos (sin guantes de exploración) en la vagina.

Otra de las pacientes también sufrió tocamientos, en ese caso en la zona exterior de la vagina, cuando fue examinada, a pesar de que había acudido al servicio de Rehabilitación por un problema de cansancio en las piernas.

La tercera víctima acudió a la consulta por dolor en el trapecio y en el pie izquierdo. El acusado le palpó los pechos y le indicó que acudiera al día siguiente, cuando le hizo una punción seca en una de las mamas. Tras esta intervención, le aplicó frío y un masaje en ese pecho.

El ministerio público señala que, en todos los casos, el facultativo actuó «movido por la intención de satisfacer sus deseos sexuales y aprovechando la facilidad que le ofrecía la relación médico-paciente», y detalla que todas las mujeres se sintieron «incómodas» con lo ocurrido y solicitaron al Sergas el cambio de especialista.

PETICIÓN DE PENAS

Por estos hechos, la Fiscalía lo acusa de tres delitos de abusos sexuales y pide que se le aplique la circunstancia agravante de abuso de confianza, y que sea condenado a un total de 13 años de cárcel, así como a 6 años de inhabilitación para ejercer como médico.

También reclama que se imponga la medida de libertad vigilada durante 5 años, a partir de que cumpla la pena de cárcel, y que se le prohíba en ese tiempo acercarse o comunicarse con las víctimas.

Finalmente, pide que indemnice (y que lo haga, de manera subsidiaria, también el Sergas) por daños morales, a la primera de las pacientes en 6.000 euros, y a las otras dos en 3.000 euros cada una.