La Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra ha aplazado hasta el próximo mes de marzo la continuación del juicio contra siete personas acusadas de delitos de tráfico de drogas, pertenencia a una banda criminal y tenencia ilícita de armas.

La Fiscalía demanda penas de entre cuatro años y medio y 15 años de cárcel para estos siete sospechosos de pertenecer a una organización que traficaba con cocaína y heroína, desarticulada en octubre del 2016 y que tenía uno de sus centros de operaciones en el municipio de Oia.

Este jueves los representantes legales de todos los procesados han expuesto las cuestiones previas al juicio pidiendo en algún caso la nulidad de todo el procedimiento por vulneración de derechos fundamentales, por las supuestas irregularidades en las intervenciones telefónicas, registros y vigilancias llevados a cabo durante las investigaciones.

Los abogados de la defensa han cuestionado incluso la competencia de la propia Audiencia Provincial de Pontevedra al entender que este caso debería ser juzgado en la Audiencia Nacional. También han alegado la existencia de dilaciones indebidas.

El tribunal provincial deliberará sobre los argumentos expuestos por los letrados de las defensas y resolverá mediante una resolución respecto de las peticiones realizadas y estas cuestiones previas, si es posible antes del inicio de la vista oral; aunque si hay alguna cuestión que se entienda muy relacionada con la posterior valoración de la prueba, se hará en sentencia.

El fiscal Antidroga de Pontevedra, Pablo Varela, ha rechazado todas y cada una de las cuestiones planteadas por los abogados de la defensa en esta causa.

El representante del Ministerio Público atribuye a los acusados J.T.D. y a S.M.C. los delitos de tráfico de drogas, integración en grupo criminal y tenencia ilícita de armas. Para el primero pide penas que suman 10 años de cárcel y el pago de 3.000 euros de multa, mientras que para la segunda solicita nueve años de prisión y la misma multa.

A los acusados H.T.G. y L.D.P., la Fiscalía les imputa los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal y pide 5,5 y 4,5 años de cárcel respectivamente, además de la multa de 3.000 euros.

Para M.A.C. reclama una condena de 12 años de prisión por los delitos de tráfico de droga, integración en grupo criminal y tenencia ilícita de armas, y el pago de 300.000 euros de multa. Mientras que para M.M.V. pide 5 años de prisión y 9.000 euros de multa.

Por último, exige la mayor pena para J.M.F.M., al que atribuye los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y atentado contra agentes de la autoridad. Para él pide penas que suman 15 años de cárcel y el pago de multas por más de un millón de euros.