El Ministerio Público ha concluido que el tramo del puente de Rande de la AP-9 «no tenía condiciones de autopista» durante las obras, por lo que la concesionaria, Audasa, «tendría que haber reducido el precio del peaje».

Así lo han indicado los dos fiscales del caso, Alejandro Tuero y Santiago Miguel Cruces, en sus conclusiones durante el juicio contra Audasa, acusada por Fiscalía de prácticas abusivas por mantener el cobro íntegro del peaje durante las obras de ampliación del puente de Rande.

El juicio, que se desarrollaba en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, ha quedado este miércoles visto para sentencia. En sus conclusiones, el Ministerio Público ha insistido en que «no existía ni un solo cartel que permitiese al usuario que accedía a la AP-9 saber cómo se encontraba ese día», de modo que no había «libertad de elección» de otra vía alternativa ni se cumplía el «deber de información».

Los representantes del Ministerio Público han señalado que el magistrado Manuel Marquina tiene la «oportunidad» de, con su sentencia, «demostrar que en Galicia sí se protege desde primera instancia los derechos de los consumidores».

DEFENSA

Por su parte, los letrados que defienden los intereses de la empresa Audasa solo reconocen «retenciones puntuales» durante toda esa etapa, señalan que la mayoría fueron «ajenas a las obras» y responsabilizan a la Dirección General de Tráfico (DGT) de no advertir a los conductores antes de entrar en la vía de que pueden encontrarse atascos y retenciones.

El abogado del Estado defendió que el cobro de ese peaje es resultado de la aplicación de la Ley de Autopistas de Peaje y del contrato firmado entre el Ministerio y Audasa que señalan que los usuarios están obligados a pagar el peaje. Además, ha alertado de que «hay un gravísimo riesgo de que el importe de la condena retornarse como un boomerang a los presupuestos del Estado».

PERITO DE AUDASA

En esta segunda sesión del juicio ha declarado, a petición de la empresa Audasa, un perito que ha reducido a 86 el número de incidencias sufridas en este período, frente a las 202 que aparecen recogidas en la demanda presentada por la Fiscalía Provincial de Pontevedra.

Así, ha concluido que durante el tiempo de las obras hubo 106 horas anuales de demoras, por debajo del límite que establece el reglamento de Carreteras del Estado para que puedan ser consideradas significativas.

A preguntas de la Fiscalía, este perito ha reconocido que durante el tiempo de las obras se redujeron los arcenes y número de carriles, de modo que las características de la vía «no son las condiciones óptimas de una autopista».

Asimismo, ha señalado que «Audasa es un buen cliente mío» y ha admitido que en el informe elaborado para esta causa califica como incidentes en la circulación varios episodios que luego no se incluyen en ese cálculo final señalado en su testimonio.

También prestaron declaración varios agentes de la Guardia Civil que relataron como en este tramo de la autopista durante los días laborables «había retenciones y atascos importantes, sobre todo cuando llovía».

Además, los guardia civiles han detallado algún caso «puntual» en el que el «colapso» era tan importante que tuvieron que impedir el acceso a la AP-9 a más vehículos porque «ya no entraban más».

VALORACIÓN DE LA FISCALÍA

Al final la sesión de este miércoles, en declaraciones a los periodistas, el fiscal Miguel Cruces ha valorado que él entiende que «las pretensiones de la Fiscalía han quedado acreditadas» respecto a la acción de cesación, «usted no puede cobrar lo mismo si da servicios distintos», ha explicado.

«Estamos totalmente satisfechos con el resultado de la prueba», ha comentado este fiscal. «Entendemos que pueden prosperar las pretensiones de la Fiscalía», ha añadido.

El representante del Ministerio Público ha recordado que el testimonio del perito de Audasa concluyó que en el momento que duraron los trabajos de ampliación del Puente de Rande «no se podía considerar una autopista». Y remarcó que las molestias ocasionadas por las obras «debían haber sido tenidas en cuenta a los efectos de moderar el precio que pagaban los ciudadanos y usuarios por esa prestación».

El fiscal Miguel Cruces ha asegurado que «existe una sólida base legal» que admite que el peaje «tiene la consideración de precio máximo» una tesis que ha defendido la Abogacía del Estado en diferentes procedimientos ante el Tribunal Supremo y el Constitucional pero que «ahora ha cambiado de opinión» argumentando que esa reducción en el precio del peaje no está permitida legalmente.

El fiscal ha insistido en que «en ningún caso es una cuestión administrativa, es una cuestión meramente civil», por lo tanto estaría enmarcada «en las relaciones de los usuarios con la concesionaria y en cuanto a las facultades empresariales que tenía Audasa».