El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra ha dictado una sentencia en la que señala que la Xunta de Galicia se apropió, por «vía de hecho», de un terreno de 15.000 metros cuadrados en la parroquia de Meira, en Moaña, durante la construcción de la autovía do Morrazo, y la condena a reponer la finca a su situación original y a indemnizar a su dueño.

En la resolución judicial, contra la que cabe recurso de apelación, se concluye que la Axencia Galega de Infraestructura, promotora de la obra de desdoblamiento del corredor de O Morrazo, ocupó una parcela de 15.000 metros cuadrados en el lugar de O Reibón, donde instaló un vertedero de escombros y tierra, y todo ello a pesar de que el acta previa de ocupación solo preveía la expropiación de unos 500 metros cuadrados.

Para amparar esa actuación, la administración se limitó a dictar una resolución de modificación de bienes afectados, «con omisión total y absoluta del procedimiento establecido». El dueño del terreno presentó un recurso ante los tribunales por estos hechos, así como otro por la desestimación del recurso de alzada que había elevado ante la Consellería de Infraestruturas e Vivenda.

El juzgado acordó la acumulación de ambos procedimientos y, tras la práctica de la prueba, ha concluido que la Xunta actuó por «vía de hecho», y que la resolución de modificación de bienes afectados por la obra es «nula de pleno derecho», ya que no se respetó el procedimiento.

En ese sentido, pone de manifiesto en su sentencia que no se expuso al público la nueva relación de bienes afectados, ni se le notificó al dueño del terreno en cuestión.

«DESVIACIÓN DE PODER»

Asimismo, el juez entiende que la administración incurrió en «desviación de poder», puesto que la apropiación del terreno no tuvo su causa real en una hipotética modificación del trazado de la autovía, sino que se hizo «para liberar a la empresa constructora de la costosa carga de transportar hasta un lugar autorizado las tierras y escombros sobrantes de la obra».

La finca del demandante se convirtió así en un vertedero de escombros y materiales, «al margen del proyecto de la autovía», que no preveía esta actuación, «y sin una justificación suficiente».

REPOSICIÓN DEL TERRENO E INDEMNIZACIÓN

Por todo ello, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra ha estimado el recurso interpuesto por el dueño del terreno y ha condenado a la Xunta a devolver dicho terreno y reponerlo a «su situación original», «con tierra vegetal y reforestación», una actuación que el perito judicial valoró en unos dos millones de euros.

Asimismo, la administración autonómica tendrá que indemnizar al propietario en 47,391,40 euros por la tala de los árboles de su finca, y deberá pagar las costas de proceso.