Un agente de la Guardia Civil de Lugo (J.A.C.) ha negado haber amenazado y maltratado a la que fuera su pareja desde finales de 2014 a septiembre de 2015, mientras ella ha renunciado a la acusación particular.

El agente se enfrenta a diez años de cárcel por supuestamente haber maltratado a su pareja a la que, una vez concluida la relación, también supuestamente ha acosado y amenazado. Es la petición que ha formulado la Fiscalía en el juicio señalado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo, en tanto que su abogado, Juan Carlos López, demanda la libre absolución.

La acusación pública mantiene en sus conclusiones provisionales que el acusado es responsable de un delito de malos tratos habituales, tres delitos de malos tratos, otro delito continuado de amenazas y también un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Por ello, la Fiscalía solicita una pena de diez años de cárcel, además de la privación de poseer armas durante seis años y una multa de 360 euros. También reclama una indemnización para la víctima de 2.400 euros y la prohibición durante cuatro años de aproximarse a menos de 500 metros.

El procesado ha manifestado durante el juicio que la relación que inició con la víctima a finales de 2014 y concluyó con la denuncia de la mujer en septiembre de 2015. Ha manifestado que era de «ida y vuelta» y una «relación complicada».

«No es mi manera de actuar», ha respondido a su abogado sobre supuestas amenazas, al tiempo que insistido en que no convivían juntos. En cuanto a la Fiscalía se acogió a su derecho a no declarar.

«IDAS Y VENIDAS»

La mujer también ha admitido que la relación era de «idas y venidas», que incluso después de haberlo dejado y hasta junio de 2016 quedaban de «vez en cuando».

También ha puesto de manifiesto que «no» lo veía capaz de cumplir con las amenazas, que supuestamente se habían producido vía Whatsapp o por mensajes de texto, vinculando todo lo sucedido a una cuestión «más de acoso».

El abogado del agente, Juan Carlos López, ha anunciado antes de entrar en sala que iba a solicitar la «libre absolución» amparándose en la «falta de pruebas». «Nosotros entendemos que no existen pruebas suficientes en el procedimiento como para imputar a nuestro patrocinado de los delitos que se le imputan», ha subrayado.

En relación a que se haya retirado la acusación particular, lo ha valorado como «indicativo y da la sensación que la parte denunciante se quiere apartar en la medida de lo posible de la denuncia».