Transcurrido más de un año desde la publicación de la modificación del Real Decreto de prescripción enfermera, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia aún no han regulado el procedimiento de acreditación de oficio para todos aquellos profesionales de enfermería que reúnen el requisito de contar con un año o más de experiencia profesional, ha denunciado Satse.

Ante esta situación, el Sindicato de Enfermería, Satse recuerda que en estas comunidades no se puede indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano con todas las garantías jurídicas. Por ello, el sindicato está dirigiendo por carta a los consejeros de Sanidad de las autonomías aún pendientes de regulación para recordarles esta situación.

Según establece este Real Decreto, para el desarrollo de las actuaciones relativas a la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos y no sujetos a prescripción médica y de productos sanitarios de uso humano es necesaria la previa acreditación de los enfermeros y enfermeras, tanto de los responsables de cuidados generales como de los de cuidados especializados. Asimismo, la norma estatal establece que la regulación sobre esta acreditación compete a la consejería de Sanidad autonómica.

Hasta la fecha, está pendiente que lo hagan Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia. Si bien algunas de ellas ya trabajan en un borrador de norma al respecto, Satse considera que todas ellas están «dilatando de manera innecesaria» la tramitación pertinente.

Por su parte, las ocho autonomías que ya han regulado este procedimiento han determinado la acreditación de oficio de todos aquellos profesionales de Enfermería que reúnen el requisito de contar con un año o más de experiencia profesional como enfermera o enfermero.

«Lamentamos que todas estas comunidades autónomas no hayan publicado aún la regulación de la acreditación pertinente para que las enfermeras y enfermeros puedan prescribir medicamentos con todas las garantías jurídicas, algo que beneficia a estos profesionales, a los pacientes y al sistema sanitario en su conjunto», apuntan desde la organización sindical.