El pasado 20 de enero comenzó en 55 municipios pontevedreses el cambio de frecuencias de Televisión Digital Terrestre (TDT), que en el municipio de Dozón (Pontevedra) se iniciará a partir del 17 de febrero. En total serán 56 los ayuntamientos de la provincia pontevedresa los que deberán adaptar las antenas colectivas de los edificios comunitarios antes de finales de junio.

En concreto, en las localidades pontevedresas de Agolada, Lalín, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces no habrá cambios en ningún múltiple digital estatal o autonómico.

La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, y el subdirector general de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Antonio Fernández-Paniagua, han explicado este miércoles en rueda de prensa de las actuaciones que la ciudadanía debe llevar a cabo para realizar esta adaptación.

En total, en la provincia de Pontevedra, aproximadamente 16.400 edificios comunitarios de tamaño mediano y grande, en los que residen unas 409.000 personas, tendrán que adaptar su instalación de antena colectiva de televisión, por el mandato europeo que implica liberar el llamado Segundo Dividendo Digital. Este ajuste es necesario para poder ver los canales en las nuevas frecuencias destinadas para ellos.

Durante el cambio de frecuencias de TDT, con el fin de facilitar la transición y minimizar el impacto para la ciudadanía, las cadenas de televisión emitirán simultáneamente a través de las frecuencias nueva y antigua (simulcast) antes de proceder al apagado de esta última a finales de junio de 2020.

Fernández-Paniagua ha insistido en que el cambio de frecuencias es un proceso que no implica la aparición ni desaparición de canales de televisión, ni la obsolescencia de televisores ni descodificadores de TDT.

Tampoco afecta por igual a todos los edificios, ya que solo deberán realizar adaptaciones los edificios comunitarios de tamaño mediano o grande que estén equipados con sistemas monocanales o centralitas programables. Por su parte, las viviendas individuales no necesitan hacer esta adaptación.

MINIMIZAR EL IMPACTO

Para minimizar el impacto de este proceso sobre la ciudadanía, el Consejo de Ministros ha aprobado la concesión directa de subvenciones a las comunidades de propietarios afectadas. La cuantía de la subvención oscila entre 104,3 y 677,95 euros por edificación, en función de la infraestructura previamente instalada en el edificio.

Solo se podrán solicitar ayudas para las actuaciones realizadas por empresas instaladoras del Registro de Instaladores de Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.