El relator sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos de la ONU, Philip Alston, ha visitado este martes Santiago de Compostela en el marco de su recorrido por España y ha señalado los «niveles crecientes» de desigualdad y de personas en riesgo de pobreza o exclusión que hay en el país. Además, ha advertido que hay «grandes diferencias regionales» en cuanto a las prestaciones y ayudas sociales.

Todo ello lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación minutos antes de participar en una reunión en la sede del Valedor do Pobo en la capital gallega. En este encuentro han participado, además de la propia valedora, María Dolores Fernández Galiño, colectivos y personas que sufren en primera persona situaciones de discriminación por dependencia y exclusión social.

Y es que, a pesar de que la economía española «ha mejorado sobremanera» desde la recesión del 2008, el relator de las Naciones Unidas ha hecho hincapié en las «dificultades muy serias» de ciertos colectivos para «recuperarse» de la crisis.

«La situación de la gente que tiene recursos ha mejorado sobremanera, la economía ha mejorado sobremanera, pero los sectores más bajos de la población siguen viviendo en circunstancias muy difíciles», ha explicado Philip Alston.

Entre los grandes retos que afrontan estos colectivos, el relator ha nombrado el acceso a una vivienda y «el empleo precario». «Y luego existen grandes diferencias regionales en cuanto a las prestaciones», ha añadido.

En este sentido, ha dicho que su visita a España, donde estará «diez días más», servirá para «entender» el porqué de este elevado nivel de riesgo de exclusión para después «estar en condiciones» de formular recomendaciones al respecto.

UN DISCURSO DE ODIO QUE TOMA «PROTAGONISMO»

También en declaraciones a los medios, el vicepresidente de la Rede Galega contra a Pobreza (EAPN-Galicia), Daniel Bóveda, ha valorado la «importancia» de la jornada de este martes, ya que permitirá «poner voz y cara» al estado de la pobreza en España y en la Comunidad gallega.

No en vano, Bóveda ha hecho un llamamiento a que la sociedad «no sea cómplice» de un discurso de odio que «está tomando protagonismo» y que lo que busca es «criminalizar a las personas que peor lo están pasando» y «negar la violencia de género».

«Hoy en día no tener recursos económicos no es tan solo una de las dificultades para acceder a una vivienda digna, sino precisamente este discurso del odio alimentado por los partidos políticos y por parte de la sociedad», ha explicado, al tiempo que ha apelado a «luchar» contra ellos «con datos objetivos».

De acuerdo con un informe emitido el pasado mes de octubre por EAPN, el 23% de la población que reside en Galicia se encontró en riesgo de pobreza y exclusión social en 2018, lo que implica que casi un cuarto de los habitantes de la Comunidad –más de 621.000 personas– sufrieron estas circunstancias. En toda España, son un total de 12,3 millones personas –el 26,1% de la población– las que están en riesgo de pobreza o exclusión social, según esta misma entidad.

«VIOLENCIA ADMINISTRATIVA»

Durante la reunión de Philip Alston, moderada por la valedora do Pobo, diferentes personas en riesgo de exclusión y colectivos que las representan han expuesto al representante de la ONU los problemas sociales, laborales y sanitarios a los que se enfrentan en su día a día.

Entre los participantes en este foro, informan fuentes del Valedor a Europa Press, han estado inmigrantes sin papeles, enfermos de Alzheimer y entidades como la Asociación Boa Vida de Pontevedra y la Fundación Juan Soñador, entre otras.

Uno de los aspectos en los que más se ha incidido en la reunión con el relator de Extrema Pobreza y Derechos Humanos ha sido la «excesiva burocratización» en el acceso a ayudas públicas como la renta de inclusión social –en Galicia, la llamada Risga–. Y es que, tal y como se ha expuesto, en ciudades como Vigo hay retrasos de «incluso un año» en la tramitación de estas prestaciones.

Al respecto, los representantes de los colectivos sociales han denunciado que estas dilaciones se convierten en una verdadera «violencia administrativa». Paralelo a ello, han advertido que incluso a los beneficiarios de estas rentas se les llega a llamar «vagos por, según algunas personas, recibir dinero público gratis».

Asimismo, los participantes en esta entrevista con Philip Alston han evidenciado que otro de los problemas de estas rentas de inclusión es «que son total y absolutamente insuficientes para cubrir las necesidades básicas de las personas» como acceder a una vivienda o cubrir los gastos alimentarios.

De hecho, en la misma línea que el relator de la ONU, han asegurado que existen «desigualdades» entre diferentes territorios del Estado, por lo que se ha incidido en la «necesidad de un marco estatal» de mínimos que todas las comunidades autónomas deberían cumplir.

INMIGRANTES Y DIVERSIDAD FUNCIONAL

Por otra parte, se ha expuesto las dificultades de los inmigrantes sin papeles en el acceso a un empleo, indican las mismas fuentes del Valedor. En este sentido, una persona que sufre esta situación en sus propias carnes ha explicado que para trabajar «tienen que encontrar un precontrato», que es «lo más complicado de todo».

En la reunión también ha habido espacio para colectivos con dependencia como los enfermos de Alzheimer y las personas con alguna discapacidad de movilidad. Así, se ha denunciado la «falta de accesibilidad universal» de muchos espacios públicos y las dificultades para acceder a una vivienda adaptada, lo que les supone «limitaciones» en el ámbito laboral, a la hora de elegir dónde quieren vivir e, incluso, a la educación a la que pueden acceder.

Así las cosas, el relator de Extrema Pobreza y Derechos Humanos de la ONU continuará su recorrido por España con la visita este mismo martes a un centro escolar: el CEIP Virxe da Cela de Monfero (A Coruña). Allí, según informa la ONG Ayuda en Acción, Philip Alston conocerá los retos de la España rural de la mano del personal del colegio y de diferentes entidades.