Las ayudas del ‘bono eléctrico’ gallego, que complementan al ‘bono social’ del Estado para los «consumidores vulnerables severos», aumentaron un 63,4% durante el año 2019, en el que se atendieron 3.913 solicitudes, frente a las 1.432 registradas en el ejercicio de 2018.

En el año 2019, de las 3.913 ayudas concedidas, 665 fueron destinadas a familias numerosas y el número total de facturas pagadas en la comunidad fue de 29.347. Las provincias de Pontevedra, con 1.504 beneficiarios, y A Coruña con 1.495, resultaron ser las más favorecidas, mientras que en Lugo y Ourense el número de ayudas repartidas fue de 478 y 436, respectivamente.

Así lo ha concretado este lunes el director xeral de Enerxía e Minas y director del Instituto Enerxético de Galicia (Inega), Ángel Bernardo Tahores, quien ha remarcado que estas ayudas se mantendrán en el año 2020. La fecha límite de solicitud para la convocatoria de este año será el 30 de noviembre y podrán acceder a las ayudas quienes tengan aplicado el ‘bono social’ del Estado del 40%.

Además, los solicitantes deberán residir en la comunidad gallega, ser titulares de un contrato de suministro eléctrico y acreditar mediante un informe de los servicios sociales su situación de «riesgo de exclusión social». Los beneficiarios de la Renda de Inclusión Social de Galicia (Risga) no necesitarán dicha acreditación.

Asimismo, el director de Inega ha destacado el propósito de las ayudas de «garantizar el acceso continuado de energía eléctrica» en Galicia a los «consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social». Por ello, estos suministros son considerados «esenciales» y «no podrán ser intervenidos».

De esta forma, el 100% de los recibos eléctricos de las personas en riesgo de exclusión social serán sufragados por las administraciones públicas. En concreto, las ayudas del ‘bono eléctrico’ gallego cubrirán el 50%, mientras que el 40% lo hará el ‘bono social’ del Estado y el 10% restante, las comercializadoras eléctricas.

CUANTÍAS ECONÓMICAS

El responsable del Inega ha señalado que las cuantías económicas de las ayudas serán, como máximo, de 300 euros al año y 450 en el caso de las familias numerosas, y se concederán en un plazo máximo de un mes desde la solicitud a través de las comercializadoras de referencia con las que existe un «protocolo de actuación».

Por otra parte, el crédito presupuestario, un total de 1,3 millones de euros, al igual que en el ejercicio anterior, es «legalmente ampliable» por lo que se destinarán más fondos en caso de que haya más solicitudes de las previstas.