El Tribunal Supremo mantendrá la sanción de siete meses y un día de suspensión de funciones a la jueza Pilar de Lara impuesta por el Consejo General del Poder Judicial por una falta muy grave de desatención de las competencias judiciales.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo presentó un recurso contra la sanción impuesta por el órgano de gobierno de los jueces por las dilaciones indebidas en la tramitación de asuntos como la ‘Carioca’, sobre redes de prostitución; el ‘Garañón’, sobre urbanismo; o la ‘Pokémon’ y la ‘Pulpo’, sobre posible corrupción política. En este escrito solicitó la paralización de su ejecución, ya que ésta acarrea la pérdida de destino y con ello graves prejuicios personales.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado un auto, con fecha de este jueves, en el que rechaza la medida la suspensión cautelar solicitada por la jueza, mientras se resuelve el fondo del asunto. En concreto, entiende que, en caso de que se resuelva en su favor, nada impide a que se le restituya en el juzgado en el que ahora desempeña sus funciones. «No hay por tanto pérdida de finalidad del recursos ni en cuanto a la plaza que ocupa ni en cuanto a las restantes consecuencias económicas o profesionales», explica la resolución.

De Lara, que ha acudido al Supremo una vez se agotó la vía administrativa –es decir todos los recursos que se pueden interponer en el propio órgano de gobierno de los jueces contra su decisión–, ha continuado ejerciendo en el juzgado lucense mientras el alto tribunal resolvía si debía paralizar la ejecución de la sanción durante el estudio de su recurso o no. Al no aceptar esta medida, la magistrada deberá dejar sus funciones hasta conocer la sentencia.

La Sala explica en su auto que no procede la suspensión cautelar porque «ante los hechos declarados probados en vía administrativa (CGPJ) y que han determinado la imposición de la sanción, la ponderación de intereses debe inclinarse en favor del interés general del buen funcionamiento de la administración de justicia». Ello «requiere que se cumplan las sanciones impuestas por conductas gravemente contrarias al mismo, sin perjuicio de lo que se resuelva en sentencia», apostilla.

EL CGPJ CONFIRMÓ LA SANCIÓN POR UNANIMIDAD

El Pleno del órgano de gobierno de los jueces acordó el pasado 26 de septiembre por unanimidad confirmar la sanción impuesta por la comisión disciplinaria del CGPJ. Durante la instrucción, la magistrada declaró en noviembre de 2018 ante el promotor de la acción disciplinaria, donde sostuvo que «no existen las dilaciones» y aportó numerosa documentación.

La macrocausa denominada ‘Carioca’, sobre redes prostitución, fue una de las primeras que investigó la magistrada casi recién llegada al Juzgado número 1 de Lugo, a finales de 2008, y que el año pasado ya se envió a juicio.

Otra causa que han estado sobre sus manos es la conocida como ‘Pokémon’, en la que investigan desde 2012 supuestas ‘mordidas’ a políticos a cambio de concesiones públicas y que salpicó a distintos municipios de Galicia y de fuera de la comunidad.

También inició hace ocho años la investigación, que ya está concluida, sobre la urbanización del Garañón, en la ciudad de Lugo, que acabó provocando la dimisión del que era secretario xeral de los socialistas gallegos y exconcejal de Urbanismo, José Ramón Gómez Besteiro, a quien procesó, entre otros implicados.