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La CIG lleva a juicio el decreto de servicios mínimos de los bomberos de Vigo y la falta de negociación

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El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo ha acogido este miércoles un juicio por la demanda interpuesta por el sindicato CIG contra el decreto de servicios mínimos que se aplica en el servicio de bomberos de la ciudad, que está en huelga desde el pasado mes de agosto, y la ausencia de negociación.

Según ha señalado el portavoz del sindicato, Miguel Uclés, cuando CIG y CUT convocaron la huelga (motivada por la falta de personal y por la sobrecarga de trabajo en la plantilla) se aplicó un decreto de servicios mínimos que obliga a tener 20 efectivos en los parques municipales.

Este número de bomberos se alcanza, en el mejor de los casos, con la totalidad de la plantilla disponible, aunque hay ocasiones, tal y como ha recordado Uclés, en que la falta de personal no permite siquiera lograr ese mínimo. «Los servicios mínimos son idénticos a los ordinarios, lo que indica la falta evidente de personal», ha apostillado.

Por otra parte, ha recordado que esos mínimos no fueron consensuados y que, en los 6 meses transcurridos desde el inicio del paro, no ha habido contacto con el comité de huelga por parte de los responsables del Ayuntamiento para buscar una solución. «En estos meses se ha puesto en peligro la seguridad del personal, imponiendo refuerzos a los bomberos en formación, aplicando cargas de trabajo esclavistas (…), esto es ilegal y los compañeros están fatigados», ha proclamado.

El portavoz de la CIG ha recordado que la plantilla de bomberos de Vigo está en torno a 110 efectivos, con las últimas incorporaciones (correspondientes a la OPE de 2016), y en próximas convocatorias se incorporarán otros 15 bomberos. «Es claramente insuficiente (para una ciudad como Vigo), teniendo en cuenta que, en los próximos 4 años, se van a jubilar 48 bomberos», ha destacado.

El juzgado de lo Contencioso Administrativo de Vigo ya dio la razón hace unos meses a los sindicatos CIG y CUT, que denunciaron el decreto municipal que les imponía refuerzos y suspendía los descansos por falta de personal. Las sentencias fueron recurridas por el Ayuntamiento.

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