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Exempleados de Nexia declaran que había impago a proveedores desde 2019 y que, tras la venta, apenas tuvo actividad

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La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha acogido este martes el inicio del juicio contra cuatro personas (un quinto procesado está ilocalizable y ha sido declarado en rebeldía por el tribunal) acusadas de un delito de insolvencia punible por supuestamente orquestar la descapitalización de la constructora Nexia para eludir el pago a sus acreedores.

En el banquillo se sientan Pablo V.M. (el dueño inicial de la empresa), Francisco Gabriel L.D., José Luis M.R., y Aurelio P.L., que declararán al final del juicio, y en la jornada de este martes, tras la exposición de las cuestiones previas, se ha iniciado la vista con la declaración de varios testigos, la mayor parte de ellos exempleados de Nexia.

Así, han comparecido ante el tribunal tres de las trabajadoras que se encargaban de la parte administrativa y de contabilidad de la empresa, y que han confirmado que, ya en 2019, Nexia (que había sido comprada por una sociedad patrimonial, Agro Vello, propiedad también de Pablo V.M.) presentaba problemas de tesorería, al tener pagos pendientes a proveedores.

Con todo, han matizado, la constructora estaba trabajando, tenía una cartera de contratos de varios millones de euros, aunque también estaba pendiente de cobrar trabajos, especialmente, por parte de administraciones públicas.

Las testigos han explicado que, según avanzó el año 2019, los problemas de tesorería fueron creciendo y se retrasaba el pago a proveedores. Asimismo, han declarado que el dueño de la empresa, Pablo V.M., había iniciado contacto con otras sociedades, en busca de inversores o compradores para salvar la situación.

A principios de 2020, se produjo la venta de la empresa a una sociedad, Realcom Maquinaria (previamente adquirida por un euro por parte de otros dos de los acusados, José Luis M.R. y Francisco Gabriel L.D.). Los nuevos dueños se presentaron ante los trabajadores para trasladarles su intención de seguir adelante, de reflotar la situación y mantener la actividad.

Sin embargo, en ese momento, según han declarado varios testigos, Nexia apenas podía mantener esa actividad, ya que los proveedores «cerraron el grifo», las deudas se acumularon y los trabajadores, a quienes se les adeudaba la paga de diciembre, vivían la situación con «incertidumbre».

Un contable contratado por los nuevos dueños para que hiciera el informe de la situación financiera de la constructora ha declarado que, al término del ejercicio 2019, la empresa, con unos 70 empleados, tenía una deuda que rondaba los 5 millones de euros. A partir de ahí, aunque se iniciaron los trámites del preconcurso, todo se precipitó y la propia Seguridad Social dio de baja a los empleados.

ACTUACIONES PARA DESCAPITALIZAR LA EMPRESA

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, ya en 2019 y conociendo los problemas que tenía la constructora, se ideó un «sistema destinado a evitar que los activos de Nexia pudiesen tener como destino el abono a los acreedores de la sociedad» y, para ello, realizaron diferentes actuaciones para descapitalizar a Nexia.

Entre las operaciones investigadas figura la venta de las participaciones de Nexia a la sociedad Realcom Maquinaria por 350.000 euros, una cantidad que nunca fue abonada. La operación habría permitido a Agro Vello Inversiones quedar liberada de una deuda que mantenía con Nexia por ese mismo importe.

Asimismo, realizaron facturaciones por servicios que no se habrían realizado, transmisiones de maquinaria y otros bienes de la constructora sin que se abonase su precio, la venta de una finca propiedad de Nexia por 40.000 euros sin que se hubiese entregado el dinero y la transferencia a una cuenta personal de dos ingresos que pertenecían a la sociedad, por un importe conjunto de 26.611 euros –uno de la Diputación de Lugo y otro de una central eléctrica–.

La masa pasiva del procedimiento concursal ascendía a 7.693.677,27 euros y afectaba a un total de 240 acreedores.

Por estos hechos, el Ministerio Público considera que los acusados son autores de un delito de insolvencia punible y pide, para cada uno de ellos, cuatro años de prisión. Además, reclama que indemnicen a la masa activa del concurso de Nexia con 674.676,08 euros más los intereses legales.

El juicio se retomará este miércoles, con la declaración de más testigos.

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