El Ayuntamiento de Santiago ha comunicado a la Xunta de Galicia que aceptará la cesión de una parcela municipal en A Muíña para la construcción de 123 viviendas protegidas en régimen de alquiler. Esta posibilidad fue requerida por la propia Consellería de Vivenda e Infraestruturas en una carta que la alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha calificado de «chantaje público».

La regidora ha anunciado este paso en una rueda de prensa celebrada este viernes, en la que, a pesar de mostrarse crítica con las «formas bastantes cuestionables» en las que la Xunta ofreció esta posibilidad, ha razonado que la aceptarán finalmente para «no enredarse» en «una disputa interminable».

«Lo que priorizamos es lo mejor para los vecinos de Santiago, y lo mejor es que haya vivienda pública en régimen de alquiler», ha enfatizado, celebrando que la Xunta haya dado un «cambio de opinión» en relación a este tipo de régimen. La superficie de esta parcela supera los 6.000 metros cuadrados y su valor ronda los 6 millones de euros, aunque será cedida.

Este enfrentamiento se ha producido a través de sucesivas cartas intercambiadas en las últimas semanas. La que ha llevado a este desenlace es la que envió el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, el pasado martes, 3 de noviembre. Con ella daba cinco días al Ayuntamiento de Santiago para responder y decidir si aceptaba una de las dos opciones planteadas.

Una de ellas es la que por finalmente se ha optado y que la Xunta priorizaba «a la vista de la inversión» de la actuación, que cifra en 25 millones de euros. Más de 2,9 millones se harán al cargo de la transferencia del Gobierno por la declaración de zona tensionada y el resto corresponderán con fondos autonómicos. En su texto, García Porto consideraba que «el suelo debe ser de titularidad autonómica» y «debe cederse la plena propiedad de la parcela» al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).

No obstante, el secretario xeral no encontraba «inconveniente» en transferir los fondos concedidos por el Ministerio de Vivienda para que se destinasen «exclusivamente» a la «promoción directa» de estas 123 viviendas. Preguntada por la prensa, Sanmartín ha explicado que se descartó esta posibilidad porque entienden que la otra era la «primera opción» de la Xunta.

Además, considera «lógico» que sea esta administración la que se haga cargo del desarrollo dada la «importante inversión» que requiere la actuación. «Hacer 123 viviendas requiere una cantidad de dinero importante de la que, desde luego, el Ayuntamiento de Santiago no dispone», ha admitido.

RECHAZO A LA OPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Las dos opciones dadas por la Xunta excluían la posibilidad que Sanmartín había ofrecido en una carta previa: constituir un derecho de superficie a favor del IGVS sobre la parcela por un plazo de 75 años, que le permitiría explotar ese patrimonio en ese tiempo. «Después de los 75 años, podría –o no–, pero podría revertirse la propiedad a Santiago», ha explicado.

«Es una fórmula que impediría que se pudiesen privatizar esas viviendas construidas sobre suelo municipal y con recursos públicos. Es una garantía de que esa propiedad continúe siendo municipal», ha continuado. De este modo, ha lamentado que la Xunta «rechazase sin margen de negociación ni de diálogo» la opción planteada por el Ayuntamiento.

RÉGIMEN DE ALQUILER

Con todo, la alcaldesa ha puesto el énfasis en que estas viviendas vayan a ser de alquiler y ha apreciado un «cambio de opinión» de la Xunta en este ámbito: «Se comprometió en una carta que envió el 23 de octubre a destinar específicamente a este fin el suelo que solicita del Ayuntamiento para ejecutar en él el proyecto que recibirá la financiación específica para zonas tensionadas».

La alcaldesa compostelana ha celebrado que, tras diferentes propuestas municipales, el Gobierno gallego «acepte» lo que el gobierno local ha defendido «siempre»: «Por fin, Compostela va en camino de consolidar una bolsa de vivienda pública en alquiler». A su modo de ver, este modelo «es el más efectivo para garantizar un acceso a un coste asumible».

Además, apoyándose en datos del Rexistro Único de Demandantes de Vivenda, ha apuntado que, de las 2.500 solicitudes que constaban este jueves, 719 son para alquiler y 383 son para alquiler con opción de compra. «Más de la mitad de las personas que solicitan una vivienda que optan por el alquiler y, por tanto, es lógico que esa inversión vaya a esta vía», ha opinado.